EEUU intentó deportar migrantes a Libia, pero un juez lo detuvo a último momento

Un intento de deportación desde Texas hacia Libia de al menos 13 migrantes, provenientes de países como Filipinas, Vietnam, Laos y México, fue suspendido por orden judicial. La operación, ejecutada en la madrugada del 8 de mayo, implicó el traslado de los detenidos a una base militar donde esperaron frente a una aeronave que nunca despegó. La medida fue detenida tras la presentación de una moción de emergencia por parte de abogados de los migrantes, según informó NBC News.

La deportación estaba planeada pese a que Libia mantiene una alerta de viaje de nivel 4 por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos debido a riesgos significativos de seguridad. Además, el Gobierno de Unidad Nacional libio negó haber aceptado recibir a personas deportadas desde Estados Unidos. Las condiciones denunciadas por los detenidos incluyen confinamiento solitario, presión para firmar documentos en inglés y ausencia de intérpretes, según declaraciones recogidas por NBC News y documentos legales revisados por AP News.

Diversas organizaciones de derechos humanos, así como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Libia, han alertado en informes previos sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por migrantes en territorio libio, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y esclavitud. Estos antecedentes generaron preocupación entre abogados y defensores, quienes argumentan que cualquier traslado a ese país representa un riesgo inminente para los derechos fundamentales de los migrantes involucrados.

El intento de deportación se enmarca en una política impulsada por la administración Trump, que ha buscado enviar migrantes a terceros países incluso si no tienen vínculos con esos territorios. Según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos está “activamente buscando países dispuestos a recibir personas”, incluyendo naciones lejanas, para impedir que los deportados regresen a través de la frontera sur. La afirmación fue publicada por NBC News el 8 de mayo.

El medio también reportó que entre los 13 migrantes que fueron despertados en la madrugada del miércoles por agentes armados se encontraban ciudadanos de Filipinas, Vietnam, Laos y México. Todos fueron llevados a una base militar en Texas, donde esperaron frente a un avión militar sin recibir confirmación de su destino. La intervención judicial impidió la ejecución de la orden de deportación.

El juez federal Brian Murphy reafirmó una medida cautelar vigente que prohíbe las deportaciones a terceros países sin garantías mínimas de debido proceso. La resolución fue adoptada tras la presentación de una moción de emergencia por parte de varios abogados defensores, quienes denunciaron que sus clientes fueron presionados para firmar formularios que autorizaban el traslado a Libia, a pesar de no comprender el idioma en el que estaban redactados. NBC News reportó que al menos un detenido se negó a firmar por no contar con traducción ni asistencia legal.

La agencia AP News confirmó que la medida judicial obliga al gobierno federal a suspender cualquier intento de traslado hasta que se garantice que los migrantes hayan recibido información clara y acceso a representación legal adecuada. La resolución tiene como objetivo asegurar que cualquier deportación cumpla con la legislación estadounidense y con compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.

El Gobierno de Unidad Nacional de Libia publicó un comunicado en sus redes sociales el 7 de mayo en el que negó de manera categórica cualquier acuerdo con Estados Unidos para aceptar personas deportadas. “El gobierno rechaza totalmente haber autorizado o coordinado con entidades estadounidenses la recepción de migrantes deportados”, indicó el mensaje oficial, replicado por Libya Observer.

Por su parte, Al Jazeera reportó que autoridades de distintas facciones políticas en Libia expresaron sorpresa y rechazo al conocer los reportes sobre un posible traslado. Las declaraciones de funcionarios libios señalaron que tal medida constituiría una violación de la soberanía nacional, además de representar un riesgo debido a las condiciones de seguridad actuales.

La Misión de Determinación de Hechos sobre Libia, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó en 2023 un informe que documenta múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra migrantes y ciudadanos libios. El informe señala casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, esclavitud y violaciones sexuales, entre otros abusos. La información fue difundida a través de los canales oficiales de la ONU y citada por medios como AP News.

El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene una alerta de viaje de nivel 4 para Libia, el nivel más alto de advertencia, e indica que en ese país existe una “alta probabilidad de riesgos que amenazan la vida”. La alerta también señala que la capacidad del gobierno estadounidense para brindar asistencia consular en territorio libio es extremadamente limitada debido a la inestabilidad del país.

De acuerdo con los abogados Johnny Sinodis y Tin Nguyen, entrevistados por NBC News, los migrantes fueron devueltos a sus instalaciones de detención la mañana siguiente. Algunos fueron trasladados nuevamente a la población general de los centros de ICE, mientras otros permanecieron separados debido a su negativa a firmar formularios de deportación. Nguyen agregó que su cliente, de nacionalidad vietnamita, prefirió ser deportado a su país de origen antes que a Libia, e inició los trámites para obtener la documentación correspondiente.