La defensa de Luigi Mangione asegura que pedir la pena de muerte contra él es un movimiento político

La defensa de Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, ha centrado su estrategia legal en denunciar una supuesta instrumentalización política del proceso penal. En documentos presentados ante la justicia federal, sus abogados argumentaron que la intención de aplicar la pena de muerte no obedece a una evaluación judicial imparcial, sino a una maniobra de carácter propagandístico impulsada por la fiscal general Pam Bondi.

Según el escrito judicial, “el gobierno de los Estados Unidos pretende ejecutar al Sr. Mangione como un acto político”. A juicio de sus representantes legales, la fiscal general no solo abandonó por completo el protocolo establecido por el Departamento de Justicia para la pena capital, sino que también actuó con el objetivo explícito de obtener atención mediática.

La acusación va más allá del tono crítico habitual en estos casos: los abogados sostienen que Bondi buscó deliberadamente convertir el proceso en “contenido” para el lanzamiento de su cuenta personal de Instagram.

La actuación de la fiscal general Bondi ha sido señalada como uno de los elementos más controvertidos del caso. El 1 de abril, la funcionaria anunció públicamente su decisión de ordenar a los fiscales del distrito sur de Nueva York que buscaran la pena de muerte contra Luigi Mangione.

En esa ocasión, declaró en conferencia de prensa: “He ordenado a los fiscales federales que busquen la pena de muerte en este caso mientras llevamos adelante la agenda del presidente Trump para detener el crimen violento y hacer América segura otra vez”.

Esta afirmación fue replicada en la cuenta oficial del Departamento de Justicia en Instagram, donde se publicó un mensaje que calificó el crimen como “un asesinato premeditado, a sangre fría, que conmocionó a los Estados Unidos”, atribuyendo el hecho de manera directa a Mangione.

Además, Bondi amplificó sus declaraciones en una aparición televisiva en Fox News, donde volvió a referirse al caso como si la culpabilidad del acusado estuviera ya establecida. La defensa incluyó estos tres episodios en su denuncia, señalando que constituyen una “conducta sistemática” destinada a “prejuzgar al acusado” e influir en la futura selección del jurado.

Para los abogados de Mangione, las declaraciones de Bondi no solo infringen la neutralidad esperada de una fiscal general, sino que, al vincular el caso a la figura del expresidente Trump y su agenda política, introducen una motivación partidaria que desvirtúa el procedimiento judicial. Consideran que su intervención “no tuvo en cuenta el protocolo establecido del Departamento de Justicia sobre la pena de muerte, que ha sido totalmente abandonado”.

Fortune resaltó que, el carácter inédito de estas declaraciones —que, en lugar de hablar de un acusado, se refieren directamente a un “asesino”— ha sido central en la argumentación de la defensa. En su presentación judicial, remarcaron que “no hay ninguna indicación en sus palabras de que este acusado goza de la presunción de inocencia”.

En respuesta a las intervenciones públicas de la fiscal general, la defensa de Mangione presentó una serie de solicitudes formales ante el tribunal con el objetivo de preservar el derecho de su defendido a un juicio justo. La acción central fue un pedido para que se impida al gobierno federal continuar con la intención de aplicar la pena de muerte, argumentando que esta decisión fue “política, arbitraria y caprichosa”, y que viola tanto el debido proceso como los protocolos internos del Departamento de Justicia.

Los abogados exigieron que el gobierno produzca todos los documentos, memorandos, correos electrónicos y registros relacionados con la consideración de la pena capital en este caso. En particular, pidieron evidencias de cualquier tipo de comunicación entre funcionarios del gobierno y personas externas que hayan abogado por la aplicación de la pena máxima.

Además, solicitaron que se investigue si el Distrito Sur de Nueva York siguió efectivamente los pasos establecidos por el Departamento de Justicia para decidir sobre una pena de muerte, una revisión que generalmente implica criterios jurídicos objetivos, análisis de factores agravantes y atenuantes, y consultas internas antes de tomar una decisión.

Finalmente, la defensa requirió que Bondi certifique por escrito haber leído los documentos legales que establecen el derecho constitucional de todo acusado a un juicio justo e imparcial, una medida inusual que busca destacar la supuesta gravedad de su conducta institucional.

El asesinato que desencadenó este proceso judicial ocurrió en diciembre pasado, cuando Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue abatido a tiros frente a un hotel en Manhattan. El autor del crimen se dio a la fuga en bicicleta y escapó a través de Central Park, lo que provocó una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. La investigación condujo a la detención de Luigi Mangione en Pensilvania, quien fue señalado en conexión con el hecho.

El acusado, graduado de la Universidad de Pensilvania, se declaró inocente de los cargos estatales y federales de asesinato que se le imputan. Al momento de la detención, no existía aún una acusación formal en el fuero federal. Pese a ello, permanece bajo custodia federal mientras las autoridades de Nueva York avanzan con el proceso penal en su contra.

Además del proceso en el estado, Mangione enfrenta también cargos estatales en Pensilvania vinculados al mismo caso. Su equipo legal ha centrado su defensa no solo en negar su participación en el asesinato, sino también en denunciar supuestas violaciones procesales vinculadas a la manera en que el caso ha sido conducido públicamente por el gobierno federal.

Hasta el momento, no se ha celebrado un juicio y el caso continúa en la fase preliminar, marcada por disputas sobre la legalidad de las acciones emprendidas por la fiscalía federal.