Montero reprocha a Moreno decir que "afortunadamente solo el 1%" de las afectadas sufre cáncer: "Cada vida importa"

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, subrayó que “cada vida importa”, haciendo hincapié en que los casos de diagnóstico tardío de cáncer de mama no pueden considerarse simples porcentajes dentro de las estadísticas sanitarias andaluzas. Según informó el medio, Montero lanzó un interrogante al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: “¿Está diciendo Moreno que 'afortunadamente' a 23 mujeres, como mínimo, se les ha diagnosticado un cáncer que podría haberse detectado mucho antes?”. La noticia principal gira en torno a la exigencia pública de Montero para que el Ejecutivo autonómico aporte explicaciones completas sobre los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama que desembocaron en un diagnóstico tardío de al menos 23 pacientes, así como su rechazo a cualquier argumento que minimice el impacto de la gestión sanitaria en Andalucía.

De acuerdo con el medio, la polémica surgió cuando el presidente autonómico señaló que “afortunadamente, solo algo más del 1%” de las mujeres a las que no se realizó el cribado correctamente padecían la enfermedad. Montero y el PSOE de Andalucía calificaron esta declaración como una forma de restar importancia al impacto que produce la detección tardía sobre las afectadas. Desde la perspectiva del partido socialista, ese grupo de pacientes representa una grave consecuencia de los fallos en el sistema sanitario, consecuencia que no puede quedar reducida a un porcentaje en los informes de gestión.

Según publicó la fuente, la dirigente socialista manifestó públicamente su rechazo a las palabras del presidente de la Junta y exigió explicaciones formales. En su declaración, Montero afirmó que ni las mujeres ni sus familias aceptarán que el Gobierno andaluz valore los diagnósticos tardíos en función de los porcentajes y pidió que se asuma la responsabilidad correspondiente en la gestión de la sanidad pública.

Tal como detalló el medio, el conflicto político se intensificó cuando Moreno, tras la denuncia sobre el error en los protocolos de detección, atribuyó inicialmente el origen del problema al “protocolo de Montero”, insinuando que las directrices establecidas desde el Gobierno central estaban detrás del fallo. Horas después, Moreno introdujo un matiz en sus declaraciones y responsabilizó del error a una jefatura de servicios que habría incumplido el protocolo, sin asumir desde la Junta ninguna responsabilidad directa por el incidente. Montero calificó el cambio de argumento como una estrategia para eludir consecuencias políticas e institucionales derivadas del fallo en el sistema de cribado.

El medio consignó que Montero utilizó su cuenta oficial en la red X para trasladar un mensaje de firmeza dirigido tanto al gobierno autonómico como a la opinión pública, afirmando: “No vamos a parar hasta conocer la verdad, nos va la vida en ello”. Esta declaración llevó a la dirigente socialista a renovar su exigencia de transparencia y a instar a que se aclaren todos los detalles de lo ocurrido para garantizar que no se repitan episodios semejantes dentro del sistema sanitario andaluz.

A raíz del incidente, el PSOE de Andalucía manifestó su intención de mantener una línea activa de denuncia y control institucional. El grupo socialista exigió la asunción de responsabilidades políticas y administrativas, junto con la adopción de medidas urgentes destinadas a reforzar la detección precoz del cáncer de mama. El objetivo principal, según reiteró la formación, es asegurar que la protección de la vida y la salud ciudadana prevalezca sobre discusiones políticas o intereses partidistas.

Esta controversia incidió directamente en el debate sobre la gestión y eficacia de los sistemas públicos de salud en Andalucía, acentuando la presión sobre el equipo de Gobierno encabezado por Moreno. Tal como destacó el medio, la posición de Montero tomó mayor relevancia política por su cargo como ministra de Hacienda y vicepresidenta del ejecutivo central, lo que añadió dimensión nacional al conflicto regional y provocó la reacción de distintos sectores políticos.

La reacción del PSOE-A puso en el centro de la discusión el papel de las autoridades políticas en la protección de la salud pública y la responsabilidad institucional en caso de fallos administrativos que pongan en riesgo la detección y tratamiento de enfermedades graves como el cáncer. Según informaron, el caso de las 23 mujeres sirvió como ejemplo del posible impacto negativo que puede derivarse de errores de gestión y de la falta de asunción de responsabilidades.

Adicionalmente, el debate en torno a la comunicación institucional sobre salud pública se potenció a partir de este episodio. De acuerdo con el medio, el PSOE andaluz consideró inadecuada la forma en que la Junta transmitió la información pública y cuestionó la sensibilidad demostrada por los responsables autonómicos ante una situación crítica para la salud de parte de la población.

En paralelo, desde el ámbito socialista reiteraron el compromiso de continuar con las reclamaciones y peticiones para esclarecer la verdad de lo sucedido, sosteniendo que estos hechos subrayan la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en las políticas sanitarias. Según especificó el medio, la investigación política y la presión sobre la administración andaluza se mantendrán hasta obtener una respuesta institucional clara y completa sobre los motivos, consecuencias y soluciones relacionadas con el diagnóstico tardío de cáncer en las 23 mujeres afectadas en Andalucía.