El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado grabaciones y mensajes que, según la investigación, muestran cómo dos exdirectivos del sector público discutieron con un asesor ministerial sobre la manipulación de adjudicaciones. En este contexto, el magistrado Leopoldo Puente ha solicitado la imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. La decisión se enmarca en el caso conocido como Ábalos-Cerdán, que investiga una supuesta red de corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la gestión de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
El juez Puente ha dictado una resolución que no solo pide la imputación de los dos ex altos cargos, sino que también ha autorizado a a la Guardia Civil a acceder a las sedes del PSOE y del Ministerio de Transportes para clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ambos ex secretarios de Organización del partido socialista. En torno a las 16:00 horas los agentes ya han finalizado su misión en la madrileña calle de Ferraz. Además, la resolución cita como investigados a cinco empresarios que, según la investigación, habrían participado en la red corrupta.
El magistrado Puente, instructor del caso en el Tribunal Supremo, ha determinado que la posible implicación de Pardo de Vera y Herrero debe ser investigada por la Audiencia Nacional, ya que el Supremo solo mantiene la competencia sobre Ábalos, quien sigue siendo aforado, y sobre personas o hechos directamente vinculados a él. Por este motivo, el juez ha anunciado que remitirá el último informe de la Guardia Civil a su colega Ismael Moreno, encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional, para que valore los indicios y decida si procede la imputación formal de los exdirectivos de Adif y Carreteras.
En el escrito judicial, Puente señala que existen “indicios consistentes” de que Pardo de Vera y Herrero “hubieran podido prestar asistencia” al aforado José Luis Ábalos a través de su asesor, el también investigado Koldo García, con el objetivo de facilitar la adjudicación de contratos millonarios bajo sospecha. El magistrado sostiene que, a partir de las comunicaciones interceptadas y de las grabaciones del exayudante del ministro, hay pruebas de que los exdirectivos “facilitaron de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que [Ábalos], a través de su asesor, les impartía”.
El informe de la UCO incluye un mensaje de WhatsApp enviado en abril de 2019 por Javier Herrero a Koldo García, en el que se lee: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”. Este tipo de comunicaciones, según la investigación, refuerzan la hipótesis de que existía una coordinación para manipular los procesos de adjudicación.
Contratación “irregular” de Jésica R.
Por otra parte, Isabel Pardo de Vera ya figura como imputada en la Audiencia Nacional en una línea separada del caso, relacionada con la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica R., ex pareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El juez Ismael Moreno le atribuyó el pasado 20 de mayo los delitos de malversación y tráfico de influencias, tras recibir la parte del sumario que le remitió el propio Puente.
En cuanto a los empresarios, el magistrado del Supremo ha imputado directamente a cinco personas señaladas por el presunto amaño de obras concedidas por el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. El instructor explica que estos empresarios, en su calidad de administradores de hecho de determinadas empresas, “habrían podido intervenir en la indebida adjudicación” de contratos públicos y, a su vez, “pudieran haber participado en la realización de pagos” a cambio de dichos contratos. Según la investigación de la Guardia Civil, Santos Cerdán habría gestionado 620.000 euros en comisiones ilegales para Ábalos y Koldo García.
El juez ha citado a declarar como imputados el próximo 4 de julio a José Ruz, accionista de la empresa LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción), y a los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, administrador mancomunado y apoderado, respectivamente, de OPR (Obras Públicas y Regadíos). Para el 7 de julio, están convocados Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, y Joseba Antxon Alonso, fundador de las compañías Noran Coop y Servinabar.
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