El Congreso arrancará este martes el proceso de ratificación parlamentaria de la última modificación del Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional, que supuso incorporar unas enmiendas para incluir nuevas conductas como crímenes de guerra, entre ellas el uso intencionado del hambre contra la población civil en un conflicto.
En concreto, este martes en el Pleno del Congreso se someterá a votación la tramitación exprés y en lectura única de dicho texto, lo que implica que no tendrá que pasar ni por ponencia ni por comisión. Si la votación sale adelante, en la sesión del jueves, se procederá a la aprobación de la ley orgánica para su remisión al Senado.
España ratificó dicho estatuto el 24 de octubre de 2000 y este entró en vigor el 1 de julio de 2002. Posteriormente, la Asamblea de Estados parte adoptó dos resoluciones, en 2017 y 2019, que incluyen cuatro enmiendas respecto a los crímenes de guerra que se enumeran en el artículo 8.2.
En concreto, dichas enmiendas hacen referencia al empleo en contextos bélicos, tanto internacionales como internos, de ciertas armas biológicas, de fragmentos no localizables y de armas láser cegadoras, así como sobre el uso intencionado del hambre sobre la población civil como método de guerra, en conflictos de índole no internacional.
AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Desde Moncloa, reivindican que esta ratificación es "coherente con el compromiso" de España con los Derechos Humanos y el TPI, "piedra angular del sistema de justicia penal universal que abandera la lucha contra la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos contra la humanidad".
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, subrayó que esa ratificación constituye "una muestra más" del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con "la lucha contra la impunidad y contra los crímenes de guerra y contra la humanidad más graves".
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