Madrid, 9 abr (EFE).- La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) avisa de que algunos de los criterios propuestos por el Gobierno para elevar la exigencia en la creación de nuevos centros universitarios ponen "obstáculos injustificados" y pueden "tener consecuencias indeseadas sobre la diversificación del sistema universitario".
Cumplir con un número de alumnos que llegue a los 4.500 durante los cinco primeros años de actividad de una universidad para conservar su reconocimiento u ofrecer titulaciones en al menos tres ramas de conocimiento, son algunas de las discrepancias que muestra este organismo, que representa a universidades públicas, privadas y a empresas y sindicatos.
Según el informe de alegaciones que ha aprobado la Comisión Académica del CCS y al que ha tenido acceso EFE, la Conferencia de Consejos Sociales ve avances en materia de calidad como son los informes de evaluación de la ANECA o de las agencias territoriales que tendrán que ser vinculantes, pero advierte de que hay aspectos que "convendría matizar, clarificar o revisar".
"La obligación de que las nuevas universidades ofrezcan titulaciones en al menos tres ramas de conocimiento puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son cada vez más necesarias para responder a los nuevos perfiles profesionales demandados", incide el documento, que será entregado este viernes al Ministerio.
Los Consejos Sociales muestran preocupación por el requisito de que una universidad mantenga al menos 4.500 estudiantes matriculados y creen que "plantea serias dudas operativas y jurídicas, dado que el número de estudiantes depende de múltiples factores, muchos ajenos al control de los propios estudiantes matriculados, y su incumplimiento podría dar lugar al cierre de instituciones con el consiguiente perjuicio para ellos".
Sin embargo, ven fundamental que las agencias que emiten los informes favorables o desfavorables estén debidamente acreditadas y registradas y apuestan por una evaluación continua de todas las universidades para que en caso de que no cumplan con los requisitos de calidad que se exige en una universidad -docencia, investigación y transferencia de conocimiento- se les revoque la autorización.
"No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido. Este principio debe aplicarse con independencia de la naturaleza pública o privada de la institución", inciden en sus alegaciones.
Los requisitos deben ser exigentes "pero proporcionados, de forma que aseguren la calidad sin convertirse en obstáculos injustificados", recalcan tras afirmar que "una universidad pública fuerte y bien financiada es la mejor defensa frente a modelos de baja calidad, y no la imposición de limitaciones administrativas que puedan restringir la innovación".
Los Consejos Sociales abogan por incluir en el decreto una mayor rendición de cuentas y transparencia en las universidades, con la publicación de resultados de la actividad docente, investigadora y de transferencia; con sistemas internos de control que prevengan irregularidades en la expedición de títulos; y con informes de seguimiento.
Piden además que no se encubran actividades docentes regulares bajo la apariencia de colaboraciones esporádicas y para ello proponen una ‘docencia ocasional’, con límites de frecuencia, duración, retribución y tipo de actividad y una cláusula de incompatibilidad entre la dedicación a tiempo completo en la universidad pública y cualquier actividad docente reglada en la privada.
Señalan que los centros universitarios adscritos o propios que imparten títulos oficiales deberían tener la posibilidad de impartir otros títulos como microcredenciales, formación continua o Formación Profesional y se muestran contrarios a la limitación para que las universidades no puedan solicitar más de cinco verificaciones de nuevas titulaciones oficiales de Grado o Máster, ni más de cinco modificaciones sustanciales que impliquen aumento de plazas.
Tampoco comparten que las universidades virtuales, con un 80 % de enseñanza online, tengan que pasar por la aprobación de las Cortes Generales.EFE
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