Madrid, 8 ene (EFE).- La Fiscalía de Madrid ha citado a declarar, a partir de este miércoles, a decenas de familiares de más de un centenar de personas fallecidas en las residencias de la región en la primera ola de la pandemia de covid-19, en el marco de una denuncia colectiva presentada el pasado 10 de octubre.
La Marea de Residencias y la asociación '7.291: Verdad y Justicia', que coordinan y firman la denuncia, valoran "positivamente este movimiento de la Fiscalía, que contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores", indican ambas entidades en un comunicado.
Los familiares de 115 mayores que vivían en 72 residencias, de los cuales 111 fallecieron, presentaron la denuncia contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de 25 hospitales por al menos "un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria", castigado en el artículo 511 del Código Penal, aseguran.
Las asociaciones critican que la fiscal superior Almudena Lastra, pese al "riesgo de prescripción, dejó pasar casi un mes antes de notificar su decisión de declararse no competente" y remitir la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la región: la Fiscalía Provincial y las Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, de Getafe-Leganés y la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón.
De ahí que alertan nuevamente del "riesgo de que los delitos denunciados prescriban si el Ministerio Público y los Juzgados no actúan con rapidez", ya que empezarían a prescribir desde la segunda quincena del próximo marzo, añaden.
Por ello, solicitan a la Fiscalía que "judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares", dado que los denunciantes ya aportaron "abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos".
Las cuatro Fiscalías que recibieron la denuncia colectiva acordaron abrir diligencias de investigación por cada denunciante, 109 en total, y las declaraciones de los familiares se producen en el marco de estas.
La denuncia se dirige contra 29 personas, entre ellos los exdirectores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron "el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes".
También se denuncia al entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía una medicalización de las residencias que nunca se hizo, y los geriatras que aplicaron el "protocolo de la vergüenza en los veinticinco hospitales públicos".
En el escrito detallan "la discriminación" a sus familiares en cinco ámbitos, al no medicalizar las residencias e impedir el traslado de residentes a hospitales públicos, además del "veto a atender a los residentes" en los hospitales privados salvo que tuvieran un seguro, así como en el hospital de Ifema y los hoteles medicalizados. EFE
