
EL portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado este lunes antes del arranque del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por un presunto delito de blanqueo de capitales que esta acusación es "un montaje con claras motivaciones políticas".
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde arranca este lunes el juicio contra el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y casi 50 encausados --incluido Boye-- en el marco de la 'operación Mito'.
Rius ha enfatizado que esta vista oral contra Boye "es un claro juicio político, un montaje que tiene claras motivaciones políticas", y ha añadido que nunca se hubiera celebrado "si no fuera abogado de Puigdemont".
"Es una nueva muestra de la calidad democrática de la magistratura, de la cúpula judicial española, que ya se demostró en la no aplicación de la ley de amnistía", ha enfatizado, para luego subrayar que desde su partido dan todo su apoyo "al compañero de Gonzalo Boye".
Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017.
Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los 'narcos' contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
De este modo, Boye y otros dos abogados se sientan en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. El fiscal solicita para Boye 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
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