Un empresario agrícola ha aceptado este lunes un año de prisión tras reconocer ante un tribunal de la Audiencia Provincial que tenía empleadas a ocho personas de origen subsahariano en un invernadero de Níjar (Almería) sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
El acusado se ha mostrado de acuerdo con las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía después de que modificara su escrito provisional de acusación, de modo que también se le impondrá una multa de cuatro euros diarios durante seis meses hasta los 720 euros.
Durante la vista celebrada en la Sección Tercera, el presidente de tribunal, Luis Columna, ha dictado sentencia firme 'in voce' ante la conformidad de las partes, toda vez que ha procedido a suspender la pena privativa de libertad durante dos años con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir en dicho tiempo.
El Ministerio Público acusó al empresario de un delito contra los derechos de los trabajadores en base a la visita realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la mañana del 25 de enero de 2021 a la finca agrícola situada en el paraje El Nazareno que era explotada por una mercantil, de la que el acusado figuraba como administrador único.
A su llegada, los inspectores comprobaron que en el centro de trabajo había ocho personas de origen subsahariano "trabajando por cuenta de la empresa", que "se dieron a la fuga" al percatarse de la presencia de los funcionarios.
En este sentido, el fiscal incidía en que ninguna de estas personas estaba dada de alta en la Seguridad Social "con anterioridad al inicio de la actividad", toda vez que la mercantil tan solo contaba en alta con cuatro trabajadores "ninguno de los cuales se encontraba trabajando ese día".
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