La jueza de la DANA cita a Mazón a declarar como testigo

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado citar como testigo al expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. La decisión se recoge en un auto notificado este lunes a las partes, en el que la magistrada fundamenta su resolución en el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que descarta la existencia de indicios penales contra el aforado.

Según el auto, al que ha tenido acceso Infobae, la instructora considera que, tras la resolución del alto tribunal valenciano, no es posible atribuir responsabilidad penal a Mazón ni por omisión ni por acción en los hechos investigados. En concreto, el TSJCV “excluye” su responsabilidad “de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, y tampoco aprecia indicios de delito en una eventual participación activa, incluida la relacionada con el envío del sistema de alertas ES-Alert.

La declaración, supeditada a la firmeza del auto del TSJ

A pesar de esa exclusión de responsabilidad penal, la jueza considera pertinente su comparecencia como testigo para esclarecer los hechos. “No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales”, señala la resolución, que añade que esta circunstancia “no puede ser óbice” para acordar su declaración testifical.

La citación no será inmediata. El auto establece que tanto la declaración como el requerimiento para que Mazón aporte voluntariamente sus comunicaciones —llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 relacionados con la emergencia— se producirán una vez que la resolución del TSJCV adquiera firmeza. En ese momento, el expresident, actualmente diputado autonómico, podrá facilitar también las facturas correspondientes a dichas comunicaciones para su cotejo judicial.

La instructora justifica esta diligencia en la necesidad de conocer de primera mano qué información manejaba el entonces jefe del Consell durante la jornada de la DANA, así como el modo en que se desarrollaron las decisiones en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). La resolución incide en que ese conocimiento debe obtenerse “de manera directa” a través de su testimonio, especialmente tras haber decaído la posibilidad de investigarle penalmente en esta fase.

Requerimientos a alcaldes y nuevas testificales

El auto también acuerda una batería de diligencias dirigidas a reconstruir las comunicaciones institucionales durante la emergencia. En este sentido, se requiere a los entonces alcaldes de varios municipios afectados —Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent— que aporten voluntariamente los listados de llamadas y mensajes intercambiados ese día con miembros del Consell, del Cecopi y otros responsables de la gestión de la crisis.

Asimismo, la magistrada cita como testigo a quien fuera portavoz del Consell en aquella fecha, Ruth Merino, con el objetivo de aclarar aspectos relacionados con la información que recibía el Ejecutivo autonómico y la cadena de toma de decisiones. La resolución subraya que algunas de las peticiones de las acusaciones apuntaban precisamente a determinar “de quién recibió la información” el entonces president, cuestión que ahora se pretende esclarecer mediante su comparecencia directa.

En paralelo, la jueza limita en este momento el alcance de algunas solicitudes de las acusaciones, circunscribiendo la aportación de comunicaciones a determinados miembros del Consell, sin perjuicio de que puedan ampliarse tras la práctica de las declaraciones testificales.

Fianza para la acusación popular

En una segunda resolución dictada el mismo día, el juzgado aborda la personación de la Asociación de Damnificados por la Dana de l’Horta Sud como acusación popular. La magistrada admite su participación en el procedimiento, pero condiciona el ejercicio de esta acción a la consignación de una fianza de 6.000 euros, en línea con resoluciones previas adoptadas en la causa.

El auto precisa que la condición de acusación popular permitiría a la asociación formular acusación no solo respecto de los afectados directamente vinculados a la entidad, sino también en relación con otros fallecimientos y lesiones investigados. No obstante, la jueza recuerda que esta figura procesal no habilita para investigar daños materiales ni otros fines ajenos al objeto penal del procedimiento.

Nuevas diligencias y pruebas periciales

Por otra parte, en una providencia también notificada este lunes, la instructora acuerda incorporar al procedimiento un informe pericial sobre las aportaciones pluviométricas y avenidas registradas durante el episodio de lluvias intensas, elaborado por expertos que ya han declarado en la causa.

Además, se ordena la citación nuevamente del subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que aclare extremos de su anterior declaración, así como la práctica de una prueba pericial caligráfica a partir de un documento manuscrito aportado por este testigo. Para ello, se requiere a una de las investigadas que realice un cuerpo de escritura.

Entre otras diligencias, el juzgado también acuerda nuevas testificales en piezas separadas relativas a fallecimientos concretos, en un procedimiento que continúa avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones investigadas durante la DANA.