La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la pieza que concentra el mayor volumen económico de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Púnica. El fallo condena a 29 personas —entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid— por “prácticas corruptas” vinculadas al amaño de contratos públicos de eficiencia energética adjudicados a la empresa Cofely España entre marzo de 2012 y octubre de 2014. La resolución, de 611 páginas, absuelve a otros ocho acusados y aplica atenuantes por dilaciones indebidas y confesión en un procedimiento iniciado en 2014.
La mayor pena recae en el empresario David Marjaliza, considerado por el tribunal como el corruptor y cabecilla de la trama. Ha sido condenado a ocho años y dos meses de prisión pese a que su testimonio, que lo convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España, permitió a los investigadores avanzar en el esclarecimiento de la causa. La Sala rebaja las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas —once años de instrucción— y, en una docena de casos, la de confesión y reparación del daño.
El fallo alcanza a alcaldes de distintos signos políticos y a directivos de la empresa beneficiaria. Cinco exregidores del Partido Popular, uno del PSOE y otro de un partido local han sido condenados por delitos que incluyen prevaricación, fraude, cohecho y tráfico de influencias. Dos ex primeros ediles populares han sido absueltos.
El alcance empresarial
Además de Marjaliza, la sentencia impone penas de prisión a directivos de Cofely. Entre ellos figura quien fuera su director general, Didier Roger Maurice, condenado a seis años y seis meses, y el entonces director comercial Pedro García Pérez, al que se le impone una pena de seis años y once meses. La empresa ha sido condenada como persona jurídica al pago de una multa superior a 3,5 millones de euros por cohecho y tráfico de influencias, si bien queda absuelta del delito de blanqueo de capitales.
En el ámbito municipal, el tribunal condena al exalcalde socialista de Parla, José María Fraile, a dos años de prisión por fraude, prevaricación y cohecho en concurso ideal medial, además de cuatro meses y quince días por tráfico de influencias. Fraile reconoció los hechos y repuso el daño causado. Al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña, se le imponen dos años y diez meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La Sala fija cuatro años y seis meses de prisión para Carlos Alberto Estrada, exalcalde del PP en Moraleja de Enmedio, como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con cohecho; la misma pena recibe Agustín Juárez López de Coca, exregidor popular de Collado Villalba. El exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo ha sido condenado a tres años de prisión por cohecho. Por los mismos hechos han sido condenados a idéntica pena el exconcejal popular Alejandro Utrilla y su hermano Mario Utrilla, entonces alcalde del PP en Sevilla la Nueva. El quinto exalcalde del PP condenado es Gonzalo Cubas, regidor de Torrejón de Velasco y cuñado de Marjaliza, sancionado con tres años de inhabilitación especial. Han sido absueltos José García Lobato, exalcalde de Almendralejo (Badajoz), y José Carlos Boza Lechuga, exregidor de Valdemoro, ambos del PP.
Una organización criminal para amañar licitaciones
A juicio del tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014 los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal con una planificación integral orientada a asegurarse adjudicaciones de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La operativa incluía la obtención previa de datos de consumo y del estado de las instalaciones, así como la participación directa en la conformación del expediente administrativo de las licitaciones, desde el precio y la duración hasta las fórmulas y criterios de valoración económica, todo ello en beneficio propio.
La sentencia describe cómo en el cálculo del precio se incorporaban partidas de ‘project’ y de auditoría, identificadas como los mecanismos defraudatorios para canalizar el pago de dádivas y comisiones a políticos y funcionarios. De este modo, si el precio ofertado era aceptado como base de la licitación y el contrato se adjudicaba a Cofely, el sobrecoste recaía finalmente sobre el ayuntamiento correspondiente. “Esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados”, concluye la Sala.
Una instrucción de once años
La Audiencia Nacional admite que la resolución llega once años después del inicio del caso, en junio de 2014. La demora se atribuye, entre otros factores, a “la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal”, un déficit estructural que ha motivado la aplicación generalizada de la atenuante de dilaciones indebidas. A varios condenados se les reconoce también la confesión tardía y la reparación del daño.
En total, el tribunal considera culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas en esta pieza separada del caso Púnica por adjudicaciones millonarias a cambio de comisiones y dádivas. El principal acusado del conjunto de la trama, el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados, no ha sido juzgado en esta pieza y hasta ahora solo ha afrontado juicio por una cuestión tangencial relacionada con un chivatazo recibido durante la investigación.
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