Miles de trabajadores por cuenta propia salieron a la calle el pasado 30 de noviembre en más de una veintena de ciudades españolas para denunciar una situación que califican de “insostenible”. Bajo el lema “Autónomos asfixiados, basta ya”, las movilizaciones, convocadas por la nueva Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, quisieron poner el foco en un colectivo heterogéneo, pero en el que la mayoría tiene las mismas reclamaciones: cuotas muy altas, excesiva burocracia y una protección social muy por debajo de la de los asalariados.
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla fueron algunas de las regiones en las que se convocaron las marchas, que destacaron tanto por su capacidad de convocatoria y su amplitud territorial, como por su simbología. Los asistentes acudieron vestidos de negro, en señal de “luto por los negocios que cierran”, y un guante rojo para representar la “sangría económica” que —denuncian— sufren miles de profesionales. Según datos de Hacienda y de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), más del 55% de los autónomos españoles ingresan por debajo del salario mínimo interprofesional, y entre 2023 y 2024 se cerraron alrededor de 1,2 millones de negocios.
Una de las personas que forman parte de este movimiento es Ana María Estrada, responsable de redes sociales de la plataforma, quien ha explicado a Infobae cómo surgió esta iniciativa, cuáles son sus principales reivindicaciones y por qué han decidido mantenerse al margen de partidos y sindicatos.
“Llevamos años sintiendo que el sistema nos trata como ciudadanos de segunda”
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos no responde, en palabras de Estrada, a una estructura clásica. “Surgió de forma espontánea, desde la base, sin líderes ni estructuras previas”, afirma. Además, subraya que el crecimiento ha sido horizontal, promovido por las redes sociales y canales propios. “Somos miles de profesionales, fontaneros, comerciantes, transportistas, hosteleros… que llevamos años pagando cuotas, aunque no facturemos, cerrando negocios y sintiendo que el sistema nos trata como ciudadanos de segunda”.

Esta sensación de abandono explica, en parte, la insistencia de la Plataforma de definirse como un movimiento independiente de cualquier institución u organismo. “La independencia es la clave de nuestra credibilidad”, sostiene Estrada. “No queremos que nadie nos etiquete, tenemos nuestra propia agenda que es luchar por la dignidad laboral y la justicia fiscal real”. Ellos mismos rechazan intermediarios porque, según su experiencia, “cuando te atas a una estructura externa, tu mensaje se diluye o se usa para otros fines”.
Las manifestaciones del 30 de noviembre fueron la carta de presentación del movimiento. Comenzaron con convocatorias en 21 ciudades españolas, pero el seguimiento fue mayor del esperado. “En pocas semanas, más de 80.000 personas salieron a la calle ese día de forma simultánea y pacífica”, asegura Estrada. La clave, añade, fue poner palabras a una realidad que comparten la mayoría de los autónomos, que llevan mucho tiempo “pagando cuotas, soportando una burocracia asfixiante y sin protecciones sociales”.
Las principales demandas: IVA, cuotas y protección social
Entre sus peticiones centrales, destaca la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales. Estrada recalca que “estas medidas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”, y recuerda que esta posibilidad está contemplada en la directiva europea desde hace cinco años. Asimismo, denuncia que España solo la aplica “de forma parcial y no general”. De implementarse correctamente, “más de medio millón de autónomos se librarían de una carga administrativa brutal y tendrían más liquidez para invertir o sobrevivir meses malos”.
La Plataforma también reclama cuotas “proporcionales a los ingresos reales mensuales”, con suspensión automática en casos de baja médica, hospitalización o cuidados a familiares. “Miles de autónomos cierran porque deben pagar, aunque no ingresen”, resume Estrada. A su juicio, estas reformas reducirían la economía sumergida y evitarían cierres prematuros.
Otro punto que creen que necesita una reforma es el llamado “paro del autónomo”. Aunque existe formalmente, la Plataforma lo considera ineficaz. “El problema no es que no exista, es que no funciona”, denuncia. Según los datos facilitados por Estrada, el cese de actividad se deniega en el 60% de los casos. “Queremos una prestación real, automática y suficiente, similar a la de un asalariado”, insiste, sin “trabas burocráticas ni requisitos imposibles”.

Y, aunque reconoce que las ayudas sociales dependen “de lo que cotice” el autónomo, “hoy la cuota alta no garantiza nada”. “Necesitamos simplificar requisitos, agilizar trámites y garantizar una duración y unas cuantías dignas”, sentencia la responsable de redes sociales.
“Trabajar con dignidad, estabilidad y protección real”
El manifiesto de la Plataforma 30N, leído en la manifestación de Madrid de hace unas semanas, sintetiza estas demandas y añade otras de carácter estructural. El documento reclama que “la actividad económica no puede poner en riesgo la vivienda ni los bienes esenciales de una familia” y defiende la “deducción inmediata de inversiones” para facilitar la modernización de los pequeños negocios.
Lejos de considerarse una protesta puntual, la Plataforma se plantea como un movimiento a largo plazo. “Nuestro objetivo es construir un movimiento sólido y duradero”, explica Estrada. En pocas semanas, ya han crecido y están presentes en 33 ciudades, y preparan “iniciativas mensuales los días 30 para que el mensaje no decaiga”. Pero mantienen, eso sí, su línea roja de no negociar con partidos ni asociaciones externas si eso supone perder su independencia. “No queremos que nadie hable por nosotros ni que nuestras demandas se diluyan en mesas de negociación eternas”, aclara.
En el caso de que no reciban ninguna respuesta por parte de las instituciones, su estrategia es seguir movilizándose. “No descartamos nada que sea pacífico, coordinado y efectivo”. El 30 de noviembre fue el primer paso de un colectivo que exige, en palabras de su manifiesto, “trabajar con dignidad, estabilidad y protección real”.
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