Tras horas de negociación, los empleados públicos han conseguido llegar a un acuerdo con el Gobierno para mejorar su salario. El pacto alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF introduce mejoras laborales inéditas para los funcionarios españoles en los próximos años, entre las que destaca la supresión de la tasa de reposición y el refuerzo de las plantillas en áreas de atención al público. Este conjunto de medidas acompaña una subida salarial plurianual que beneficiará a más de tres millones de empleados públicos.
El calendario de incrementos salariales establece distintas proporciones para cada año entre 2025 y 2028, según ha explicado Europa Press. Para el ejercicio actual, los funcionarios recibirán un aumento del 2,5%, que se abonará en diciembre y tendrá carácter retroactivo desde el uno de enero.
Se contempla un incremento para 2026 del 1,5% fijo, con la posibilidad de sumar un complemento variable de 0,5% si el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanza o supera esa cifra al cierre del año. De cumplirse esta condición, ese medio punto adicional se pagará en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad. El resto de los años se prevén subidas fijas: 4,5% en 2027 y 2% en 2028.
La suma acordada para el periodo 2025-2028 es un 11% de incremento salarial, aunque cálculos sindicales proyectan que el acumulado en nómina podría rozar el 11,5% debido al efecto arrastre de las sucesivas subidas anuales.
El convenio, cerrado tras dos reuniones entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y representantes de CCOO, UGT y CSIF, responde a una demanda prolongada en el colectivo laboral público. Queda pendiente la confirmación de CCOO, que aún evalúa su adhesión al pacto.
CSIF valora la subida: “No es un cheque en blanco”
El sindicato CSIF valora que este avance representa “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas” y le asigna un impacto inmediato sobre la congelación salarial que venían sufriendo hasta ahora los funcionarios, además de “la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo perdido”. Miguel Borra, presidente de CSIF, sostiene que la firma responde a un “compromiso con los empleados públicos”, logrando, según sus palabras, “el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa”.
Para garantizar que las medidas pactadas se apliquen adecuadamente, las partes establecerán una comisión de seguimiento en los quince días posteriores a la firma. CSIF ha destacado que este acuerdo “no es un cheque en blanco”, comprometiéndose a vigilar su cumplimiento y advirtiendo que se reservará “todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución”.
Con información de Europa Press
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