Los empleados públicos de España todavía no saben qué va a pasar con sus salarios de aquí a 2028. Este miércoles, Gobierno y sindicatos —CCOO, UGT y CSIF— volverán a sentarse en la mesa de negociación para tratar de cerrar un acuerdo que actualice los salarios de los más de tres millones de funcionarios de nuestro país. El principal objetivo va a ser definir la distribución de la subida del 11% que el Ejecutivo propone para el periodo 2025-2028, después de que la reunión del lunes, que se prolongó durante más de cinco horas, concluyera sin un consenso claro.
“Lamentablemente, el Gobierno está intentando poner un parche, pero seguimos teniendo una pérdida de poder adquisitivo que no se ha notado demasiado, hasta ahora”, asegura a Infobae España Lorenzo Alberca, miembro del secretariado de STES-I, en referencia a los atrasos salariales acumulados en los últimos años.
Aun así, el Ejecutivo mantiene su propuesta inicial de un aumento salarial acumulado del 11% para el conjunto del periodo 2025-2028. La subida se distribuiría tal manera que sea de un 2,5% en 2025, 1,5% en 2026, 4% en 2027 y 3% en 2028. Además, se ha comprometido a aprobar un Real Decreto-Ley antes de fin de mes para abordar en diciembre la primera alza, correspondiente al 2,5% de 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
El reparto de la subida: la clave para el poder adquisitivo
Alberca destaca que “ese 11% que prometen de subida es para cuatro años, y luego hay que ver cómo es el reparto, que es donde está la trampa”. Para el sindicalista, la fórmula de distribución de las subidas es crucial, ya que el modo en que se aplican los incrementos anuales afecta de manera directa al salario real acumulado y al poder adquisitivo de los funcionarios.
El Ministerio de Función Pública ha insistido en que la subida propuesta será íntegramente fija, sin componentes variables como en el acuerdo vigente entre 2022 y 2024. Este último pacto permitió incrementar los salarios en torno al 10% y supuso un coste aproximado de 13.000 millones de euros para las arcas públicas.
El poder adquisitivo sigue en retroceso
Uno de los principales puntos de confrontación es la limitación al 4% de subida salarial combinada para 2025 y 2026. Los sindicatos consideran que estos incrementos son insuficientes, sobre todo ante la persistente pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. “Ahora mismo tenemos un 24% de desfase, de pérdida de poder adquisitivo. Y lo peor es que es acumulado, porque este año tenemos el 24%, pero el año pasado era el 21%, y el anterior el 19%… Año a año va subiendo”, explica Alberca.
El retraso en la actualización salarial de 2025 y la necesidad de un reparto equitativo para los próximos cuatro años son los temas que centrarán la negociación de este miércoles. Además, se discutirán posibles mejoras laborales adicionales, aunque los sindicatos señalan que, de mantenerse la propuesta actual, podrían retomar las movilizaciones o la convocatoria de huelgas: “Si se mantiene el 4% para los dos primeros años, tendremos que volver a las calles”, advertía CSIF tras el último encuentro.
Y es que la preocupación sindical no se limita a la cifra nominal de la subida. Alberca apunta que la acumulación de recortes y atrasos salariales desde 2010 ha generado un gran desfase respecto a otros sectores. “Desde 2010, los salarios pactados en los convenios colectivos han aumentado un 32%, mientras que los sueldos de los funcionarios solo han subido alrededor del 15%. Esto significa que los trabajadores públicos nos hemos quedado muy rezagados respecto al resto del mercado laboral”, especifica el secretario sindical.
Claves de la negociación: recuperar poder adquisitivo y garantizar subidas justas
Este miércoles será clave para intentar cerrar un acuerdo que contemple tanto el adelanto de la subida de 2025 como la distribución justa del incremento hasta 2028. “Nuestra exigencia es que nuestros sueldos se revaloricen vinculados al IPC, pero tienen que recomponer un poco los atrasos que tenemos”, concluye Alberca, dejando claro que los sindicatos mantendrán la presión para compensar los años de pérdida de poder adquisitivo.
El resultado de esta negociación tendrá un efecto directo no solo sobre el bolsillo de los trabajadores públicos, sino también sobre la política salarial de todo el sector público, desde comunidades autónomas y ayuntamientos, hasta empresas estatales.
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