
El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, al reconocer fraude fiscal. La sala de lo Penal le ha condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y a pagarle una multa de 10.000 euros de indemnización y el pago de costas, al considerar probado que participó en la filtración.
El fallo del Tribunal Supremo, respaldado por cinco de los siete jueces que lo componen, aún está pendiente de redacción. A la espera de conocer los argumentos, la sentencia concluye que García Ortiz fue la fuente principal de la filtración de los correos que mantuvieron el abogado de González Amador, y la Fiscalía.

El fallo del Tribunal Supremo que hoy ha decidido la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es, al mismo tiempo, una gran victoria para Isabel Díaz Ayuso. En sus primeras palabras tras conocerse la sentencia, la presidenta madrileña ha aprovechado para acusar a Sánchez de “hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular” (su pareja), y ha celebrado que hoy el mundo sepa “lo que está pasando en España”.
El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el fallo contra el Fiscal General del Estado como “un antes y un después” en la vida institucional del país, subrayando que tiene “unas consecuencias políticas que es importante poner de manifiesto”.
Feijóo ha recordado que la resolución “condena al Fiscal General del Estado por una conducta incompatible con la dignidad de su cargo” y con las funciones que tiene encomendadas. Ha señalado que García Ortiz es el “principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad”, y ha “quebrantado” esa misión, según “una amplia mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, puesto que ha contado con cinco votos a favor de siente. “Confirma que quien debía perseguir el delito lo cometió, que quien debía proteger a los ciudadanos vulneró sus derechos”, ha añadido.
El líder popular ha mostrado “respeto” a los magistrados del Supremo, denunciando que “en los últimos meses han sido sometidos a presiones inadmisibles por parte del Gobierno” y ha sido “objetivo de ataques directos de ministros”. Ha extendido ese reconocimiento “a todos los fiscales que ejercen su labor cada día desde el respeto a la ley”, recordando que la Fiscalía General “es mucho más que su cabeza visible y también son víctimas de lo que está ocurriendo”.
Feijóo ha sostenido que la sentencia revela que el fiscal “se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo” y que actuó “con ciega obediencia” en una operación contra el PP y “contra una presidenta de una comunidad autónoma”, ha dicho respecto a la líder madirleña, Isabel Díaz Ayuso. Ha afirmado que la responsabilidad jurídica es del fiscal, pero la “responsabilidad política es del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez, a quien acusa de haberlo nombrado pese al rechazo del órgano de los jueces, mantenerlo cuando fue imputado y “criticar abiertamente” al Supremo. “Todo esto tiene un nombre: abuso de poder”, ha dicho. Ha exigido “disculpas” al presidente Sánchez y ha reclamado su dimisión. Pese a ello, ha cerrado con un mensaje de “serenidad y confianza”: “Nuestra democracia tiene muchas fortalezas, y una de ellas es la independencia judicial”.

"La condena del FGE a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado”, ha reaccionado la ministra de Sanidad, Mónica García, en X, antes Twitter, en la tarde de este jueves.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha calificado el fallo de una “auténtica vergüenza”. “Las sentencias se acatan y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza”, ha pronunciado a su llegada al Congreso de los Diputados, donde ha tenido lugar la presentación de la serie Anatomía de un instante, que se estrena en Movistar Plus+ este jueves y donde se relata el intento de golpe de Estado que protagonizó Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981.

El titular de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves en Moncloa, sin admitir preguntas, después de que se haya conocido la sentencia que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También le condenan a una multa de 7.200 euros.
El líder de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido sin preguntas en Moncloa tras conocerse la sentencia del Fiscal General del Estado, quien ha sido tajante sobre la resolución. “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos“, ha dicho, puesto que siempre”ha creído y ha defendido su inocencia“, pero que “el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto la causa”.
El diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, ha denunciado la condena por revelación de secretos sobre la pareja de Ayuso. “20 noviembre de 2025, el franquismo vive”, ha escrito en X.
En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Ibáñez ha denunciado que la condena al fiscal general por parte de cinco jueces “conservadores” del Tribunal Supremo “no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista” del país. A su vez, ha proclamado que es un “día negro” para el país y que esta resolución “pone en riesgo” la libertad de prensa y la protección a las fuentes y “también la presunción de inocencia” en España, al acusar al TS de condenar “sin pruebas” a García Ortiz.
*Con información de Europa Press
El exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha apuntado contra la sentencia del Tribunal Supremo, dictada este jueves. “En España el Poder Judicial es independiente, pero no imparcial“, ha escrito, para añadir: “Las altas instancias judiciales son mayoritariamente idénticas a la derecha conservadora que ha declarado la guerra a este Gobierno progresista. Y eso se acaba notando”.
Garzón también ha criticado “un juicio surrealista”, que comenzó el pasado 3 de noviembre y tuvo una duraicón de dos semanas. “El defraudador confeso y su difusor de bulos eran la acusación, y la víctima el acusado. La UCO manipuló pruebas para inculpar al acusado. El testimonio de los periodistas era absolutorio. No importa. La condena estaba ya ‘escrita’“, ha finalizado.
Pese a la condena de García Ortiz, todavía no hay sentencia firme, puesto que está pendiente de redacción. Fuentes del diario El País aseguran que lo único que cabe es la presentación de un incidente de nulidad, que como afirman, es un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales.
Por ello, García Ortiz tendrá que acudir al Tribunal Constitucional después de haber presentado dicho incidente de nulidad que puede tardar unas semanas más después de conocer la sentencia.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado tras la sentencia del Supremo. “Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener [esto] claro”, ha escrito,
Minutos más tarde, ha escrito otra publicación en X, mencionando el caso del expresidente del PP, Pablo Casado. El exlíder del partido mantuvo una guerra abierta en 2022, después de que este destapara que el hermano de Ayuso había vendido mascarillas a la Comunidad de Madrid en plena pandemia. “Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado", ha escrito ahora Rufián. “Novio de Ayuso. 350.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca".





