El novio de Ayuso formaliza con una hipoteca de 600.000 euros la compra del ático que compartía con la presidenta madrileña

Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha adquirido en propiedad el ático del distrito de Chamberí que ambos ocupaban en régimen de alquiler por 5.000 euros mensuales. La operación, formalizada mediante una hipoteca de 600.000 euros en Caja Rural de Zamora, se produce tras más de un año de controversia pública en torno a la falta de transparencia sobre el uso y titularidad del inmueble. El ático, situado en una séptima planta y con más de 150 metros cuadrados, supera el millón de euros de valor, según información adelantada por El País.

El empresario ya era propietario del piso inmediatamente inferior, adquirido en julio de 2022, poco después del presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros que investiga la justicia y por el que deberá sentarse en el banquillo. Con ambas viviendas —que suman alrededor de 360 metros cuadrados y dos plazas de garaje— la pareja disfruta de dos inmuebles en una de las zonas más exclusivas de Madrid, con un valor de mercado global superior a los tres millones de euros. Ayuso ha rechazado en distintas ocasiones que los inmuebles puedan calificarse como de lujo, ironizando sobre ello en una rueda de prensa en abril de 2024: “¿De lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”, afirmó entonces.

La compraventa del ático llega tras una compleja cadena de operaciones en la que intervino Javier Gómez Fidalgo, economista y fiscalista que asesoró a González Amador ante Hacienda y que figura también como investigado. Fue la sociedad Babia Capital S. L., administrada por Fidalgo y dedicada a inversiones inmobiliarias, la que compró inicialmente el ático en julio de 2023 por más de 950.000 euros. Según el entorno del fiscalista, la adquisición se planteó tras una conversación en la que el propio Amador lamentó no poder afrontar la compra del inmueble cuando este salió al mercado, poco después de haber adquirido el piso inferior.

De acuerdo con fuentes próximas a la operación, Babia Capital habría actuado como propietario temporal, ofreciendo el ático a Amador en régimen de alquiler con opción a compra, con una renta de 5.000 euros mensuales. El contrato pactado en 2023 incluía un plazo inicial de doce meses para ejecutar la compra, prorrogado posteriormente durante un año más debido a la situación judicial del empresario. En total, Amador abonó 120.000 euros en concepto de alquiler a lo largo de dos años, cantidad que habría sido descontada del precio final del inmueble.

La sociedad administrada por Fidalgo sostiene que la operación no fue un favor, sino una inversión con rentabilidad del entorno del 6,3% en concepto de alquiler, más otro porcentaje similar previsto en caso de ejercer la compra. La prórroga del contrato, apuntan esas mismas fuentes, sí habría sido un gesto excepcional ligado al contexto judicial del empresario.

El uso de ambos pisos como unidad residencial generó además polémica por obras realizadas para conectar las dos plantas. Según informaciones publicadas por varios medios, el Ayuntamiento de Madrid habría denegado inicialmente la autorización debido a la magnitud del proyecto y a la ausencia de documentación requerida. A pesar de ello, las reformas continuaron, lo que causó problemas estructurales como un vertido de aguas fecales que afectó a un local situado a pie de calle. Las obras y su legalidad permanecen en el foco mediático, aunque no consta que el consistorio haya informado públicamente de nuevas decisiones administrativas al respecto.

Entre ambos pisos, la vivienda combinada suma hasta diez habitaciones, seis baños, dos cocinas, dos despachos y una terraza, además de múltiples vestíbulos y espacios de servicio. Los inmuebles se encuentran en una calle residencial de alto valor en Chamberí, donde los precios por metro cuadrado figuran entre los más altos de la capital.

La adquisición del ático coincide con el avance de varias causas judiciales contra González Amador. El empresario está procesado por fraude fiscal y falsificación documental en relación con el impuesto de sociedades de dos consultoras sanitarias, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión y multas superiores a 600.000 euros, mientras que las acusaciones populares —PSOE y Más Madrid— elevan su petición a cinco años.

En una pieza separada, Amador está investigado por corrupción en los negocios y administración desleal, relacionada con una presunta comisión encubierta a un directivo de Quirón en el contexto de la compraventa de material sanitario durante la pandemia. También ha sido parte en un procedimiento en el Tribunal Supremo por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, en el que aseguró que las filtraciones mediáticas “arruinaron” su vida y le generaron un perjuicio económico y reputacional irreparable.

La compra del ático se produjo en paralelo a esas comparecencias judiciales y tras negociaciones iniciadas en septiembre, según fuentes cercanas a la operación.