La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares que pesan sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, investigados por la presunta trama de adjudicaciones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La petición se produce después de que el Ministerio Público haya solicitado 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, al considerarles responsables de varios delitos vinculados a la supuesta estructura creada para obtener adjudicaciones y beneficios económicos durante la emergencia sanitaria. En el caso de ambos, el magistrado instructor Leopoldo Puente ya advirtió en su última comparecencia que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que avanzaba la causa y se aproximaba la fecha del juicio.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, remitió este miércoles un escrito al Supremo solicitando que la vista se articule al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula las audiencias previas relativas a medidas cautelares como prisión provisional, libertad bajo fianza o mantenimiento de medidas ya acordadas. Hasta ahora, las acusaciones populares habían reclamado reiteradamente el ingreso inmediato en prisión de los investigados, si bien la Fiscalía había apostado por medidas menos gravosas, posicionamiento que fue respaldado por el juez instructor durante la fase inicial del procedimiento.
Cambio de criterio ante un riesgo de fuga en aumento
Actualmente, Ábalos y García continúan con la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio español, medidas acordadas hace meses. Sin embargo, el pasado 15 de octubre, en la última comparecencia en el Supremo, el juez Puente reconoció que aunque en ese momento no se apreciaba un riesgo elevado de fuga, este era “creciente” debido al avance de la investigación, la consolidación de los indicios y la cercanía del juicio oral. El magistrado apuntó entonces que podrían valorarse medidas cautelares “más gravosas” en el futuro, siguiendo la línea sugerida por el fiscal.
De prosperar la petición de Anticorrupción, la vista podría desembocar en escenarios que incluyen la prisión provisional, la imposición de una fianza económica elevada que permita evitar el ingreso en prisión o, alternativamente, un endurecimiento de las obligaciones de control judicial, como una mayor frecuencia en las comparecencias obligatorias. Las propuestas se apoyan no solo en el supuesto riesgo de fuga, sino también en la necesidad de garantizar las posibles responsabilidades económicas en caso de condena, teniendo en cuenta las multas millonarias solicitadas.
Peticiones de pena
Anticorrupción ha solicitado una pena de 24 años de prisión y una multa superior a 3,9 millones de euros para Ábalos por cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para García, presunto intermediario clave en la trama, se reclaman 19 años y seis meses de cárcel, además de una sanción económica similar. Ambas cifras contrastan con la petición para el empresario Víctor de Aldama, para quien la Fiscalía solicita siete años de prisión tras aplicarle una rebaja de pena por colaboración con la Justicia.
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