
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sitúa a Servinabar, administrada por Joseba Antxón Alonso Egurrola, como una pieza relevante en el esquema de subcontrataciones vinculadas a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. Según los documentos intervenidos en la empresa y los contratos analizados, la sociedad habría obtenido ingresos estimados en 1,8 millones de euros procedentes de la constructora Acciona, adjudicataria principal de los trabajos. Sin embargo, Servinabar únicamente destinó a un trabajador de su plantilla al proyecto: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. Esta conclusión se desprende del archivo interno “Estadística subcontratas 01/01/2022.xls”, en el que figura como único empleado asignado a la obra entre febrero y septiembre de 2021.
El documento, al que ha tenido acceso Infobae España, señala que la participación de Servinabar en el proyecto no se corresponde con la magnitud económica que llegó a acumular. La compañía fue incorporada a los trabajos a través de un Memorándum de Entendimiento suscrito con Acciona, en el que se establecía que percibiría el 2% del importe neto adjudicado para labores de Prevención, Seguridad y Salud. Aplicado a las dos actuaciones relevantes —el refuerzo de los tirantes del viaducto y la obra de emergencia del acceso al Puerto de Sevilla—, ese porcentaje alcanzaría los 1.801.914,38 euros, según los cálculos elaborados por la UCO a partir de los datos de contratación pública y de la propia documentación hallada en la sociedad navarra.
Conceptos genéricos y ausencia de detalle técnico

La revisión de los contratos firmados entre Acciona y Servinabar revela un patrón uniforme: la descripción de los trabajos es extremadamente genérica y no permite conocer la naturaleza exacta de las obligaciones asumidas por la subcontrata. En los documentos datados el 8 de abril de 2020, así como en los redactados posteriormente para los años 2021 y 2022, las tareas aparecen definidas únicamente como “ayudas varias obra” o “ayudas servicios varios obra”. No se concreta tipo de actividad, método de ejecución ni alcance material de los servicios contratados, pese a tratarse de una infraestructura compleja sometida a estrictos requisitos técnicos.
La misma falta de precisión se detecta en las facturas emitidas. Todas ellas utilizan la fórmula “ayudas servicios varios, topografía, señalización y Seguridad y Salud”, sin especificar qué operaciones se habrían desarrollado para justificar su cobro. En numerosas facturas correspondientes a 2020, 2021 y 2022, además, se atribuye el pago a trabajos supuestamente realizados en 2020, incluso cuando la emisión se produce muchos meses después. Los investigadores destacan también una anomalía adicional: la primera factura localizada, fechada el 3 de marzo de 2020, retrotrae los servicios a septiembre de 2019, apenas semanas después de que Acciona obtuviera la adjudicación en emergencia del acceso al Puerto de Sevilla, lo que sugiere la incorporación inmediata de Servinabar al proyecto.
Solo un operario para una obra de gran envergadura
El punto más llamativo del análisis aparece en la relación de recursos humanos asignados a la obra. La documentación interna intervenida por la UCO muestra que Servinabar únicamente desplazó a un trabajador al Puente del Centenario: Antonio Muñoz Cano, peón especialista y hermano de la mujer de Santos Cerdán. No hay constancia de otros empleados destinados al proyecto, ni de equipos propios aportados por la empresa, pese a que los contratos suscritos abarcan partidas por “ayudas varias”, “compensación de meses anteriores”, “horas extras” o “servicios de seguridad y salud” durante largos periodos de tiempo. El informe subraya que esta circunstancia contrasta con la dimensión técnica y económica del refuerzo de los tirantes, adjudicado por más de 84,9 millones de euros tras una modificación posterior de contrato.
La UCO recoge también que la presencia de Servinabar en la obra no se limitó al primer año. A través de nuevos contratos firmados en 2021 y 2022 por responsables de Acciona, la empresa previó facturar otros 38.791,5 euros adicionales, ampliando el horizonte contractual hasta el verano de 2022. Todos esos documentos mantienen la misma falta de precisión sobre la naturaleza de los trabajos subcontratados.
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