Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

Por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado, la mayor autoridad dentro del Ministerio Público, se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Se trata de Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra el que se ha celebrado un juicio que ha durado dos semanas y que ya ha quedado visto para sentencia.

El supuesto delito es la filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales y solicitaba a la Fiscalía llegar a un acuerdo de conformidad.

Toda la historia comienza con González Amador, al que Hacienda investigó y acusó de haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 mediante un sistema de facturas falsas y empresas pantalla que le habrían permitido deducirse gastos inexistentes y reducir su tributación en el Impuesto de Sociedades. Según la Agencia Tributaria, presentó al menos 15 facturas simuladas por un valor cercano a 1,7 millones de euros, lo que habría supuesto un fraude total de unos 350.000 euros.

No se tuvo conocimiento de estos hechos hasta que, el 12 de marzo de 2024, el periódico digital elDiario.es publicó la siguiente noticia: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Ese mismo día, el fiscal Salto respondió al correo del abogado de González Amador, adjuntando la denuncia y planteando que se podría llegar a un acuerdo “si usted y su cliente lo estiman posible”.

Sin embargo, al haberse hecho pública esta noticia, Ayuso pasó al ataque y en una declaración ante los medios aseguró que la denuncia fiscal contra su pareja “forma parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años”, afirmando que se trataba de una “campaña” en su contra. Al día siguiente, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez y a “todos los poderes del Estado” de intentar destruirla, poniendo en duda la legitimidad de la propia Fiscalía. Su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, en la misma línea, comenzó a compartir entre algunos periodistas el mensaje de que había sido la propia Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de Ayuso y que se había frenado por “órdenes de arriba”, apuntando directamente a Álvaro García Ortiz.

Ese 13 de marzo a las 21:29 horas, el periódico El Mundo publicó una noticia en la que —bajo la misma premisa de Miguel Ángel Rodríguez— aseguraba que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador para que admitiera los dos delitos fiscales, basándose en el segundo de los correos intercambiados entre Neira y el fiscal, que en ese momento ya estaba en manos del jefe de comunicación de Ayuso.

Minutos más tarde, a las 21:54, la cadena La Sexta publicaba otra noticia, como si fuera un desmentido de la anterior, en la que se indicaba que había sido el letrado de González Amador el que se había acercado al Ministerio Público en busca de un acuerdo. El fiscal general no tuvo los dos correos hasta las 21:59, según su declaración y las pruebas aportadas al juicio.

A las 23:24, la Cadena Ser, emisora de radio, sacó también la información sobre que Neira era quien había buscado ese pacto de conformidad. Por primera vez se mencionaba una frase textual del correo del 2 de febrero: “Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”.

La Fiscalía General del Estado compartió una nota de prensa al día siguiente a las 10:24 de la mañana, en la que explicaba la cronología real de los hechos y en la que incluyó algunos textuales del primero de los correos.

Por estos hechos, el fiscal general fue denunciado por presuntamente haber filtrado ese primer correo. Según las acusaciones, habría utilizado su cargo de fiscal general del Estado para difundir esa información a los medios de comunicación, antes de que el caso estuviera formalmente cerrado, lo que podría constituir un uso indebido de información confidencial y un quebrantamiento del deber de secreto profesional en el ejercicio de su función.

El Tribunal Supremo le imputó el 16 de octubre de 2024 y, tras casi un año de instrucción, abrió juicio oral en su contra por un delito de revelación de secretos, lo que ha llevado a un proceso que durante dos semanas ha hecho pasar por la Sala a unos 40 testigos, entre fiscales, periodistas, peritos e incluso cargos políticos.

Durante el juicio, se han desgranado minuciosamente la cronología de los correos, los registros y las filtraciones, buscando establecer si García Ortiz actuó de manera deliberada para divulgar información confidencial o si, por el contrario, su actuación estuvo dentro de los límites legales y protocolarios de la Fiscalía.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la secuencia de hechos, en la que se ha querido determinar si el fiscal general tuvo los correos antes que los periodistas. Para ello, han declarado los propios profesionales de la información: uno de ellos afirmó que tuvo el correo en papel una semana antes, y otros dos indicaron que tuvieron conocimiento del mismo unas seis horas antes que García Ortiz.

Sin embargo, desde las acusaciones han querido desacreditar a estos testigos, argumentando que el secreto profesional de los periodistas les impedía revelar cómo obtuvieron esos correos.

Las acusaciones también han utilizado otro hecho para atacar al acusado: según los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), habría borrado los datos de sus dispositivos móviles el mismo día que fue imputado, lo que sería una prueba de su culpabilidad.

El fiscal general se ha defendido alegando que el borrado es un procedimiento regular y obligado, “no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal”. Ha añadido que en su dispositivo tiene “datos ultrasensibles” e información que “puede afectar a la seguridad de este país”. Además, ha relatado que los mensajes relevantes en el caso, los que se produjeron entre el 8 y el 14 de marzo, ya “no estaban en su teléfono desde hace meses”, pues realiza un borrado casi cada mes. A esto se ha sumado la declaración de dos ingenieros llamados por la defensa, que destacaron que no es posible determinar con certeza ni la fecha en la que se borraron los mensajes ni cuántos se pudieron eliminar.

Desde la defensa, uno de sus principales argumentos ha sido poner en duda la actuación de la UCO y del juez instructor, Ángel Hurtado, durante la fase de instrucción. En concreto, han considerado “desproporcionada” la entrada y el registro que los agentes llevaron a cabo en el despacho del fiscal general. El registro se llevó a cabo “sin saber realmente lo que estaban buscando”, según han declarado los propios agentes. Además, el juez instructor indicó en el auto que debían acotar la búsqueda de datos entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024, lo que no se hizo. Según uno de los guardias civiles, se debió a que resulta “imposible” acotar temporalmente el volcado de datos y a que hacer eso implicaría una cantidad de trabajo inalcanzable que llevaría semanas.

Ahora, el juicio está visto para sentencia, y el tribunal deberá decidir si hay pruebas suficientes para determinar que fue García Ortiz quien filtró los correos, y si se convierte en el primer fiscal general del Estado condenado por un delito.