La magistrada que dirige la investigación judicial sobre la gestión institucional de la DANA que azotó la provincia de Valencia ha acordado incorporar al procedimiento las grabaciones realizadas el 29 de octubre en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) por Marco Presa, asesor de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa. Además, ha ordenado la citación como testigo de la directora general de la Secretaría del Gabinete del President, Pilar Montes, al considerar que su testimonio resulta relevante a la luz de los listados de llamadas aportados al juzgado.
Los registros telefónicos, enviados por el departamento de Presidencia a la comisión parlamentaria de investigación en Les Corts, sitúan a Montes en la cadena de comunicaciones de la jornada crítica. Según detalla la jueza, en el listado figura una llamada entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la directora general a las 19:42 horas, “un minuto antes de que Mazón llamara a Pradas”, a las 19:43. Esa secuencia temporal lleva a la magistrada a valorar como “procedente” la citación de Montes para que aclare el contenido y alcance de esa comunicación en el contexto de la gestión de la emergencia.
La relevancia de la cadena de mando
En su resolución, la jueza recuerda que la Audiencia Provincial de Valencia ya subrayó, en un auto emitido el pasado 16 de octubre, que el president ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat y preside el Consell, con funciones de dirección y coordinación. Por ello, apuntaba la Audiencia, puede impartir instrucciones a los miembros del Ejecutivo autonómico. Sobre esa base jurídica se acordó en su momento la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que compartió almuerzo con Mazón el día de la DANA y cuyo testimonio se consideró pertinente para reconstruir la cronología del presidente durante las horas críticas.
La magistrada estima ahora que, del mismo modo, la llamada registrada entre Mazón y Montes refuerza la necesidad de escuchar a la directora general, cuya posición en la estructura de Presidencia la sitúa —según el auto— en un lugar relevante para esclarecer la cadena de decisiones. Su declaración se suma a la de otros cinco altos cargos del equipo del president en funciones: el secretario autonómico de Presidencia, el secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la directora general de la Oficina de Prensa de Presidencia y un asesor del jefe del Consell.
El ritmo de citaciones continúa con el calendario ya fijado para este viernes 21 de noviembre, cuando deberán declarar como testigos el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, y el propietario del restaurante El Ventorro, donde Mazón comió el día en que se produjo la DANA.
Nuevos autos y rechazo de varios recursos
La jueza ha dictado además otros cinco autos este lunes, resoluciones con las que desestima diversas peticiones formuladas tanto por investigados como por acusaciones particulares. Entre ellas, el recurso de reforma del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso —también investigado junto a Pradas—, que solicitaba requerir información sobre la trazabilidad de una comunicación remitida por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis. La magistrada confirma la negativa a esa diligencia.
Tampoco prospera la solicitud de una acusación particular que reclamaba investigar la distribución de agentes y guardas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el territorio el 29 de octubre de 2024, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Igualmente, se rechaza otro recurso de reforma, promovido por una acusación particular, que pretendía que se requiriera información adicional sobre el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y puntos críticos de riesgo.
La instructora ha acordado asimismo unir al procedimiento el mensaje que la jefa de prensa de Emergencias envió al asesor Marco Presa después de que este declarara como testigo el pasado 14 de noviembre, integrando así todas las piezas comunicativas relacionadas con las actuaciones de aquel día.
Otra resolución desestima el recurso de revisión de una acusación particular expulsada de la causa, que impugnaba un decreto que autorizaba la incorporación de unos vídeos procedentes de la plataforma YouTube al procedimiento.
En una última providencia, la jueza atiende la petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y ordena la citación de un nuevo testigo, además de solicitar información oficial sobre el fallecimiento de dos personas en Alginet y en una residencia de mayores de Carlet, después de que sus familiares hayan solicitado que se reconozca a ambos como víctimas de la DANA.
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