El juez Peinado retira la imputación a la alto cargo de Moncloa investigada por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción que investiga a Begoña Gómez, ha decidido archivar este domingo la imputación de Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno. La alto cargo había sido citada como investigada por un presunto delito de malversación en relación con las funciones que desempeñaba Cristina Álvarez, asesora de Gómez. Tras escuchar su declaración, el magistrado ha optado por dejar sin efecto la imputación, según han confirmado a El País fuentes jurídicas conocedoras de la sesión.

La decisión llega apenas unos días después de que el propio Peinado acordara tomar declaración a varios testigos este domingo, en una jornada inusual marcada por la modificación del calendario procesal. El magistrado dictó una providencia el martes en la que reprogramaba las comparecencias debido a la imposibilidad de un letrado para acudir el miércoles, fecha inicialmente prevista. Esa reordenación ha permitido adelantar diligencias que el juez consideraba relevantes para esclarecer el papel desempeñado por los distintos cargos públicos implicados en la contratación y supervisión de la asesora.

Durante la sesión de este domingo, además de González, han comparecido tres testigos que ya habían prestado declaración con anterioridad en la causa: el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio; el presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar; y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi. Sus testimonios forman parte del conjunto de diligencias que el juez viene recopilando para determinar si la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente se ajustó a la normativa y al interés público.

La declaración de González, que como secretaria general de Presidencia era la responsable administrativa de la asesora, ha sido determinante para que el magistrado levantara su imputación. Según trasladan fuentes jurídicas, el testimonio de la alto cargo habría despejado parte de las dudas que motivaron su citación como investigada, centradas en si existió un desvío de fondos públicos en la contratación o en las tareas asignadas a Álvarez.

El magistrado mantiene abiertas otras líneas de investigación y, en su auto del pasado 4 de noviembre, ya había confirmado que seguiría adelante con la causa por cinco presuntos delitos atribuidos a Gómez y a otras tres personas investigadas. Ese mismo día también decidió imputar a González por presunta malversación, en lo que hasta ahora ha sido el señalamiento de mayor relevancia dentro del núcleo de Presidencia.

La investigación gira en torno al nombramiento y desempeño de las funciones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez desde 2018. El juez sostiene que existen indicios de que habría sido contratada con fondos públicos para actividades que, según su instrucción, podrían haber sido de carácter “estrictamente privado”, vinculadas exclusivamente a la atención y apoyo a la esposa del presidente.

Ese extremo es el que motivó también la imputación del actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien desempeñó responsabilidades en Presidencia durante la etapa en la que Álvarez fue contratada. Asimismo, el magistrado citó como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por haber ocupado esa cartera cuando se formalizó el nombramiento de la asesora.

La evolución del caso ha sido seguida con atención por el Gobierno, que ha defendido en todo momento la legalidad de la contratación de Álvarez y ha insistido en que las funciones desempeñadas correspondían al ámbito institucional de la Presidencia. En este contexto, la decisión de Peinado de dejar sin efecto la imputación contra González introduce un matiz relevante sobre el papel de los altos cargos y la cadena de responsabilidad administrativa dentro de la estructura de Moncloa.