La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha comunicado este viernes que no sancionará inmediatamente a los empleadores de trabajadoras del hogar que no hayan realizado la evaluación de riesgos laborales de sus domicilios, pese a entrar hoy en vigor esta medida y tras el ataque informático a la web de Trabajo sufrido el día previo (prevencion10.es) y que ya ha restablecido su normalidad.
Desde el Ministerio de Trabajo, a cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, han justificado esta decisión a la cantidad de personas que han decidido dejar este trámite para el último día previo a la entrada en vigor de la ley, pese a que la herramienta está disponible hace seis meses. Como consecuencia de este hackeo, Trabajo ha indicado que habrá flexibilidad ante los primeros incumplimientos y ha pedido tranquilidad a las personas que aún no hayan podido completar la evaluación.
Además, desde la cartera de Yolanda Díaz han querido precisar que este viernes, cuando comenzaba a implementarse la ley, no terminaba el plazo, sino que entraba en vigor la obligatoriedad de haber evaluado los riesgos del domicilio, tras pasar seis meses desde la creación de la web prevencion10.es.
Un hackeo a escasa horas de la aplicación de la ley
El Ministerio de Trabajo y Economía Social confirmó este jueves que la plataforma destinada a realizar la evaluación de riesgos laborales de las empleadas del hogar fue objeto de un “ataque malicioso”. El incidente se produjo a pocas horas de la entrada en vigor de la obligación legal de presentar dicha evaluación, prevista para este viernes.
Según informaron desde el departamento que dirige Yolanda Díaz, el problema fue detectado por “una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias”, pero al final confirmaron “que se trata un ataque malicioso” deliberado. Desde las redes sociales de la Administración, aseguraron que los equipos técnicos del ministerio trabajaban “para restablecerlo lo antes posible”.
Cómo beneficia la medida a las trabajadoras
Se trata de una medida histórica, que busca equiparar la protección de este colectivo (el de las empleadas del hogar) con la del resto de trabajadores. El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, marca así un cambio de fondo en la regulación del trabajo doméstico. Por primera vez, las familias empleadoras están obligadas a identificar, evaluar y documentar los riesgos laborales que puedan afectar a las personas que tengan contratadas como trabajadoras del hogar, incluyendo no solo los accidente domésticos o los riesgos físicos, sino también aspectos psicosociales como la violencia o el acoso.
El objetivo es “asegurar una protección eficaz de las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar”, según recoge la norma, que da cumplimiento a la disposición adicional 18ª de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, a partir de hoy, toda contratación debe ir acompañada de una ficha de evaluación inicial que se entrega a la trabajadora o trabajador junto con la información sobre las medidas preventivas adoptadas.
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