El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

Este jueves el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega a su final con los informes finales de las partes. Ha comenzado la acusación particular de Alberto González Amador, representada por el abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, que ha fundamentado sus argumentos en poner en duda las declaraciones de los periodistas durante las diferentes sesiones.

“¿Qué pasa con los periodistas?“, se ha preguntado a si mismo el letrado sobre su intervención. ”Pues que no poseen obligación legal de responder, pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes“, se ha respondido.

Ha comparado su situación a la de los acusados, ya que “no tienen la obligación de responder a las preguntas si no quieren, por lo que hay que tener más cautelas que con otros testigos”. “Solo lo digo, porque eso lleva a que el periodista está amparado por su propio derecho de defensa y de no autoinculpación. No cabe exigirles una declaración veraz, por lo que las declaraciones de periodistas no deben ser valoradas como una testifical normal”, ha asegurado.

Ha añadido que “sabemos que desde Fiscalía se filtran cosas a periodistas y que los periodistas poseen un interés económico para preservar sus fuentes. Esto hace que tengamos que valorar de una forma cautelar las declaraciones de los periodistas”.

En su turno de palabra ha aprovechado para seguir la misma línea que su representado y ponerle como la víctima de toda esta causa. Ha hablado de un “complot político” en el que participó todo el Gobierno y varios periodistas para atacar a González Amador como “defraudador confeso”.

“Las consecuencias que ha sufrido por que te marquen desde el Gobierno de España es que arrasa con la presunción de inocencia y defensa”, ha denunciado, refiriéndose en concreto al dinero que ha perdido en contratos y en su empresa y a su “vida familiar”, que “ni lo quiso relatar por mantener su intimidad”.

“¿Qué defensa se va a practicar en ese procedimiento?“, se pregunta el abogado, cuando, según su discurso, se ha dictado “una sentencia popular de delincuente confeso”. “Tenemos encima representantes políticos ejecutando esa sentencia cada día”, ha asegurado y ha agregado que este “es el daño que se está infringiendo al señor González amador”.

Sus conclusiones también han versado por el papel de la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a la que ha querido defender como una víctima más del fiscal general en esta historia. Para ello han indicado que el propio García Ortiz actuó ocultando sus acciones a Lastra durante el día 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el correo del abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira.

Se ha apoyado en una supuesta conversación que mantuvieron ambos fiscales por teléfono, en la que Lastra le indicó “¡Lo has filtrado!” o “¡Lo habéis filtrado!”, refiriéndose al mencionado email, a lo que García Ortiz respondió, según la versión de ella, “eso ahora no importa”.

Sin embargo, el acusado contradijo esta versión y en su interrogatorio relató que nunca escuchó esas palabras. Añadió que encima no existe una relación tan cercana entre ambos para que se dirija así y “dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado”.