El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes el cese de la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral, y su sustitución por Nicolás Navarro Díaz, actual vicepresidente primero de la Diputación de Granada y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril. El relevo, impulsado por el consejero de Sanidad y mano derecha del presidente andaluz, Antonio Sanz, se enmarca en la profunda reestructuración del departamento tras la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha provocado ya una cadena de dimisiones y ceses en los niveles más altos de la Consejería.
Navarro, médico de profesión y con una dilatada trayectoria política dentro del Partido Popular de Granada, asume la viceconsejería en un momento de máxima tensión para el Gobierno de Juan Manuel Moreno. La crisis sanitaria ha derivado en un desgaste político notable y en multitudinarias manifestaciones en las ocho provincias andaluzas, con más de 54.000 personas en la calle el pasado domingo reclamando una sanidad pública “sin recortes ni privatizaciones”.
Un nombramiento con polémica por las vinculaciones privadas
El nuevo viceconsejero, nacido en Motril en 1980, es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hasta ahora ocupaba el puesto de jefe de Urgencias del Hospital HLA Universitario Inmaculada, un centro privado perteneciente al grupo HLA, integrado en la aseguradora Asisa. Este grupo empresarial es uno de los principales beneficiarios de los conciertos sanitarios de la Junta y de las adjudicaciones por vía de emergencia investigadas por un juzgado de Sevilla.
Navarro ha compaginado durante los últimos veinte años su carrera médica con responsabilidades políticas en el PP de Granada, del que es vicesecretario provincial de Sanidad. En la actualidad, además de sus cargos institucionales, figura en situación de “excedencia forzosa” de su plaza en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde fue médico de Urgencias en el Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería).
El Gobierno andaluz ha defendido que su nueva responsabilidad en la Junta será incompatible con cualquier actividad privada. La portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha precisado que Navarro “cesará en sus funciones en el ámbito privado” y ha pedido “no buscarle tres pies al gato”, insistiendo en que su excedencia garantiza el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. “Ha llevado bata blanca en la sanidad pública y la volverá a llevar. Cuando termine su etapa política volverá a su plaza en el SAS”, afirmó la consejera de Hacienda y portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno.
No obstante, la oposición de izquierdas ha criticado con dureza su designación, acusando al Ejecutivo de fomentar las “puertas giratorias” entre la Consejería de Sanidad y la sanidad privada. Los grupos parlamentarios de PSOE y Por Andalucía recuerdan que el centro donde Navarro ejerce funciones de dirección médica fue uno de los beneficiados por un convenio firmado por Miguel Ángel Guzmán, exviceconsejero de Salud y actual imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en los contratos de emergencia con clínicas privadas.
La crisis del cribado sigue golpeando al Gobierno andaluz
La remodelación en la Consejería de Sanidad se produce en plena crisis por los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Más de 2.300 mujeres sufrieron retrasos en la comunicación de los resultados de sus mamografías, algunas de ellas de hasta dos años, lo que ha llevado a la Fiscalía de Andalucía a abrir una investigación. La mayor parte de los errores se concentran en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que concentra el 90% de los casos.
Desde que estalló el escándalo, el Gobierno andaluz ha encadenado ceses en cascada. Primero dimitió la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz, hombre fuerte del presidente Moreno en el Ejecutivo. Posteriormente, fueron apartados de sus cargos el delegado de Salud en Sevilla, Manuel Molina —exgerente del Hospital Virgen del Rocío—, así como la viceconsejera María Luisa del Moral, varios responsables hospitalarios y altos cargos del SAS.
Sanz ha defendido estos movimientos como parte de una “nueva etapa con nuevos equipos” destinada a “recuperar la confianza en la gestión sanitaria”. Sin embargo, las críticas no cesan. Los partidos de la oposición consideran que la sustitución de Del Moral por Navarro “profundiza en la confusión entre la sanidad pública y la privada” y han pedido explicaciones sobre los criterios de nombramiento.
Una reestructuración en plena tormenta política
El presidente Juanma Moreno ha intentado contener el daño político derivado de la crisis, reivindicando las inversiones en sanidad y acusando a la oposición de “difundir bulos” sobre una supuesta privatización del sistema andaluz. Durante el congreso regional del PP-A celebrado el fin de semana, Moreno apeló a la militancia a “defender sin complejos” la gestión sanitaria del Gobierno.
La Consejería sostiene que el presupuesto en materia de salud ha crecido de forma sostenida y que Andalucía cuenta hoy con “más personal que nunca”, incluyendo una oferta pública de más de 10.000 nuevas plazas y 705 profesionales destinados específicamente a la detección precoz del cáncer. Pese a ello, las movilizaciones ciudadanas y el deterioro de la percepción pública del sistema sanitario han colocado al Ejecutivo andaluz en una situación de máxima presión, con la vista puesta en las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2026.
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