Nicolas Sarkozy vuelve a casa tras 20 días en prisión: libertad bajo control judicial para el expresidente de Francia

El tribunal de apelación de París ha decidido este lunes poner en libertad bajo control judicial al expresidente francés Nicolas Sarkozy, tras una audiencia celebrada por la mañana en la que el exmandatario intervino por videoconferencia desde la cárcel. La resolución, comunicada a las 13.40 horas, pone fin a tres semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato del dirigente conservador, condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.

La decisión llega después de que, durante la vista celebrada esta misma mañana, la Fiscalía General solicitara la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente, considerando que no existía riesgo de fuga y que su situación podía ser supervisada mediante medidas cautelares. Sarkozy, que ha pasado las últimas tres semanas recluido en un módulo de aislamiento dentro del penal de La Santé, escuchó la deliberación del tribunal desde la propia prisión.

Durante su intervención ante los magistrados, el exmandatario se mostró visiblemente emocionado. “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”, declaró ante la cámara, antes de agradecer “la humanidad” de los funcionarios penitenciarios que han hecho que “esta pesadilla fuera soportable”.

Sarkozy ingresó en la prisión parisina de La Santé el pasado 21 de octubre, convirtiéndose en el primer expresidente de la República Francesa en cumplir condena entre rejas. Su encarcelamiento marcó un hito inédito en la historia política del país. El centro penitenciario, que alberga a más de 750 internos y opera por encima de su capacidad, activó para él un dispositivo de seguridad sin precedentes.

Nada más llegar, el exjefe de Estado fue instalado en una zona de aislamiento compuesta por una veintena de celdas, sin contacto con otros presos. Dos oficiales armados le han acompañado de forma permanente, un protocolo que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó “en consideración a su estatus y a las amenazas que pesan sobre él”.

El dispositivo, inédito en la historia penitenciaria francesa, no ha estado exento de polémica. El sindicato UFAP-UNSA-Justice denunció en un comunicado “una locura de seguridad y una humillación sin precedentes para el cuerpo penitenciario”. Pese a las críticas, el Gobierno defendió la medida como un asunto de “estricta seguridad”. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, incluso visitó la cárcel en los primeros días del encarcelamiento, una iniciativa que desató controversia política pero que el propio ministro justificó como parte de su deber de supervisión.

La sentencia contra Sarkozy, dictada el pasado 25 de septiembre, establecía cinco años de prisión —dos de ellos firmes— por asociación ilícita en el marco del caso de la financiación libia. Según el tribunal, entre 2005 y 2007, cuando ejercía como ministro del Interior, maniobró a través de su entorno para obtener fondos del régimen de Gadafi destinados a su campaña presidencial de 2007. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de corrupción pasiva y desvío de fondos, al no haberse podido probar el uso final de ese dinero.

El exmandatario ha negado siempre las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial. “No hay pruebas, solo sospechas políticas”, declaró tras conocer su condena. Su defensa presentó de inmediato un recurso de apelación que deberá resolverse en los próximos meses. Hasta entonces, la justicia debía determinar si podía esperar el resultado en libertad o debía continuar en prisión, una decisión que ha polarizado a la opinión pública francesa.

Antes de su ingreso en prisión, Sarkozy mantuvo un encuentro en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron. También recibió la polémica visita del propio Darmanin en prisión, lo que alimentó las críticas sobre una supuesta interferencia del poder político en el caso.

Este proceso es uno de los cinco que ha afrontado el expresidente en el último lustro. En diciembre pasado, fue condenado a tres años de cárcel —uno de ellos de cumplimiento efectivo— por corrupción y tráfico de influencias en el llamado “caso de las escuchas”, en el que se le acusaba de intentar sobornar a un fiscal a cambio de información confidencial.