Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han solicitado formalmente personarse como acusación particular en la causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho. La petición se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye las diligencias sobre las supuestas maniobras de Díez dirigidas a interferir en actuaciones de la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y algunos miembros del poder judicial.

Según han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE, los abogados de Ábalos y García —ambos investigados a su vez en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones en adjudicaciones públicas— han registrado sendos escritos en los que argumentan la necesidad de ser reconocidos como perjudicados en esta pieza separada, al entender que las actuaciones atribuidas a Díez habrían afectado directamente a su derecho de defensa.

En el escrito presentado por el abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista, al que ha tenido acceso EFE, se hace referencia a diversas reuniones en las que la exmilitante socialista habría reconocido tener bajo su control o asesoramiento la defensa jurídica de varias personas, entre ellas el propio exministro, “con el fin de gobernar su defensa en beneficio del PSOE”.

El documento sostiene que Ábalos tuvo conocimiento de esas supuestas reuniones a través de informaciones publicadas en medios de comunicación, donde se detallaba que Díez habría manifestado su intención de “encabezar una operación de inteligencia paralela”. Dicha operación, siempre según el relato del abogado, tendría como propósito modificar la estrategia de defensa del exministro para alcanzar un “pacto de no agresión” con el Partido Socialista.

En el mismo contexto, la exmilitante habría afirmado disponer de información reservada de la Guardia Civil y de la Fiscalía, así como capacidad de influir en investigaciones policiales vinculadas tanto al llamado ‘caso Koldo’ como a otros procedimientos sobre presuntos fraudes relacionados con hidrocarburos. Según las mismas fuentes, Leire Díez habría expresado también su intención de “reconducir la situación” de Ábalos para evitar perjuicios al Gobierno.

La defensa del exministro subraya en su escrito “la gravedad de estas manifestaciones”, que, a su juicio, revelarían “la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales”. Dicha red, añade el letrado, habría vulnerado los derechos procesales de su cliente, por lo que Ábalos reclama intervenir en el procedimiento no solo como testigo o perjudicado, sino como parte activa en la acusación.

El exasesor Koldo García, por su parte, ha formulado una solicitud en términos similares, a través de su representante legal. Ambos pretenden así sumarse a la lista de acusaciones particulares ya reconocidas en la causa contra Díez, en la que figuran nombres como el del presunto comisionista Víctor de Aldama —investigado también en el Tribunal Supremo por la misma trama— y el del magistrado jubilado Manuel García-Castellón. El juez instructor del caso ha considerado que tanto Aldama como García-Castellón podrían haber sido víctimas o perjudicados por las actuaciones atribuidas a Díez, consistentes en la búsqueda y difusión de información con el presunto fin de desacreditarles públicamente.

Además de las acusaciones particulares, en el procedimiento se encuentran personadas varias acusaciones populares, entre ellas la asociación Hazte Oír, el autodenominado sindicato Manos Limpias, los partidos Iustitia Europa, Vox y Partido Popular (PP), así como la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC).

La exmilitante socialista y exconcejal del municipio cántabro de Vega de Pas, Leire Díez, deberá comparecer ante el juez el próximo 17 de noviembre, junto a otros dos investigados: el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Todos ellos están citados para declarar en relación con los supuestos contactos y filtraciones de información que habrían tratado de alterar el curso de las investigaciones abiertas por distintos órganos judiciales y policiales.