La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este jueves en Madrid al empresario Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como ‘CryptoSpain’, por su presunta implicación en una estafa internacional de más de 260 millones de euros que habría afectado a más de 3.000 inversores. El arresto se produjo por orden del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien dirige la investigación sobre un supuesto entramado de fraude y blanqueo de capitales articulado a través del denominado Madeira Invest Club (MIC).
Según fuentes próximas a la investigación, la medida se adoptó ante el riesgo de fuga del empresario, después de que la UCO aportara nuevos informes sobre cuentas bancarias vinculadas a Romillo en el extranjero, con movimientos millonarios en apenas unas semanas. En concreto, la Policía de Singapur comunicó al juez que una cuenta de la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas —Maidentok LDA y Sabrosso LDA— controladas por Romillo y su hermano Domingo.
Un “club de inversión” sin actividad real
El Madeira Invest Club comenzó a operar a principios de 2023, presentándose como un “club privado de inversión” con presencia en redes sociales y foros especializados en criptomonedas. Su oferta era tan variada como ambiciosa: inversión en inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones, whisky, oro, obras de arte digitales y criptoactivos, todos con la promesa de rentabilidades fijas y recompra garantizada.
Los contratos que firmaban los inversores, según ha constatado la Guardia Civil, se articulaban como compraventas de obras de arte digitales que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos. Sin embargo, las pesquisas de la UCO revelan que no existía ninguna actividad económica real y que el sistema funcionaba como una estafa piramidal, donde los beneficios de los primeros participantes se pagaban con las aportaciones de los nuevos inversores.
El entramado financiero del MIC abarcaba múltiples jurisdicciones: España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong. La complejidad de las estructuras societarias y bancarias empleadas llevó a la Guardia Civil a solicitar la colaboración de Europol y de diversas fuerzas policiales internacionales, entre ellas la Homeland Security estadounidense, la Singapore Police Force, la Royal Malaysia Police y la Royal Thai Police.
De las criptomonedas a la financiación política
La detención de Romillo se produce pocos meses después de que este admitiera ante la Guardia Civil haber entregado 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, para financiar presuntamente su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta. El propio empresario aportó mensajes que acreditaban la entrega del dinero, lo que llevó al juez Calama a elevar esa parte del procedimiento al Tribunal Supremo, al tratarse de un aforado del Parlamento Europeo.
Una vez derivado el asunto político, la Audiencia Nacional se centró en la vertiente económica del caso, relacionada con la quiebra del Madeira Invest Club y la posible existencia de delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal. El juez tenía previsto tomar declaración a Romillo este viernes como investigado por primera vez, pero la aparición de las cuentas millonarias en Asia precipitó su arresto.
Un caso con derivadas internacionales
El sumario, recientemente desclasificado tras más de un año bajo secreto, detalla que la UCO y la Agencia Tributaria han acreditado la existencia de “sólidos indicios racionales de criminalidad”. Los investigadores sostienen que Romillo, aprovechando su notoriedad en redes sociales, creó una marca de confianza entre miles de pequeños inversores atraídos por el boom de las criptomonedas y las promesas de rentabilidad fácil.
El presunto fraude se extendió rápidamente por España y Portugal, y alcanzó a víctimas en varios países de Europa y América Latina. Muchos de los afectados aseguran que las oficinas del Madeira Invest Club cerraron de un día para otro y que los canales de comunicación desaparecieron cuando intentaron recuperar su dinero.
Romillo, que había denunciado el pasado mes de agosto un asalto violento en su domicilio en San Sebastián de los Reyes, donde afirmó que varios encapuchados le robaron dinero, joyas y criptomonedas, se encontraba bajo seguimiento policial desde entonces. Los investigadores creen que el empresario pudo haber ocultado parte de su fortuna tras ese episodio, cuya veracidad continúa bajo análisis.
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