No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma muy esperada que aspira a poner coto a los abusos en las prácticas y mejorar la protección de miles de jóvenes en formación. Aunque aún deberá superar un recorrido parlamentario complejo, la iniciativa reactivará un debate abierto desde 2023 marcado por las tensiones dentro del propio Gobierno y el rechazo empresarial.

El texto, pactado inicialmente por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT, busca reducir la precariedad, limitar el uso fraudulento de becarios y garantizar que las prácticas tengan un claro fin formativo. Entre las principales medidas destacan la eliminación de las prácticas extracurriculares, la compensación de gastos para quienes no reciben remuneración y un sistema sancionador específico, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo tras adelantarlo El País.

El Ejecutivo espera que esta aprobación inicial sirva para desbloquear un proyecto que ha encallado durante casi dos años. Aun así, el futuro legislativo es incierto: las dudas de varios socios parlamentarios y el actual contexto político anticipan un trámite complejo.

El anteproyecto establece la desaparición de las prácticas extracurriculares, modalidad que no forma parte del plan de estudios y donde se concentran buena parte de los abusos detectados. A partir de su entrada en vigor, las empresas solo podrán acoger becarios mediante convenios curriculares vinculados a universidades o centros de FP, lo que asegura que la formación prevalezca sobre la actividad productiva.

La norma fija un máximo de 480 horas por estudiante y prevé que todos los becarios, remunerados o no, estén dados de alta en la Seguridad Social. Esta última medida ya es obligatoria desde enero de 2024 y computa para la pensión futura.

También se introduce la obligación de compensar los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención cuando no exista retribución. La intención es que ningún estudiante asuma costes para poder realizar prácticas.

Además, quienes estén en prácticas tendrán derecho a vacaciones, pausas, zonas de descanso y acceso a servicios comunes, en condiciones equiparables al resto de la plantilla. El horario deberá ajustarse a los límites de descanso y no se permitirán turnos nocturnos salvo casos excepcionales justificados por el plan formativo.

El texto incluye la obligación de contar con un tutor por cada estudiante, con un máximo de cinco becarios por tutor, o tres en el caso de compañías con menos de 30 empleados. El objetivo es garantizar una supervisión real y un aprendizaje efectivo.

Asimismo, se limita la presencia de becarios en las empresas a un máximo del 20% de la plantilla, aunque se permitirá que cualquier compañía pueda contar al menos con dos personas en prácticas. De este modo, se busca evitar que las becas sustituyan puestos estructurales.

Las empresas estarán obligadas a cubrir los gastos de los estudiantes no remunerados y a incorporarles al sistema de Seguridad Social, aunque disfrutarán de bonificaciones del 95% en las cuotas por contingencias comunes, medida que ya está vigente. Se prevé además un régimen sancionador específico con multas altas para casos graves de uso fraudulento.

El tejido empresarial y las universidades han expresado en distintos momentos su preocupación por el coste y la gestión administrativa de estas obligaciones. Las patronales no respaldaron el acuerdo de 2023 y los rectores han pedido que los gastos no recaigan sobre las instituciones educativas.

Aunque la aprobación en Consejo de Ministros desbloquea el proceso, el Estatuto necesitará una segunda vuelta en el gabinete y, después, superar su paso por el Parlamento, lo que no parece fácil para el Gobierno, sobre todo tras el distanciamiento de algunos socios como Junts que le deja sin una mayoría clara para sacarlo adelante.

El Ministerio de Trabajo defiende desde hace tiempo la urgencia de esta regulación para evitar que las prácticas se conviertan en una vía de precarización laboral de los jóvenes. Los sindicatos comparten el diagnóstico y reclaman su implementación cuanto antes, señalando que la falta de regulación ha permitido abusos sistemáticos.

A partir de este martes, el Estatuto inicia oficialmente su camino institucional. Su aprobación final dependerá de la capacidad del Gobierno para asegurar apoyos y de la negociación con agentes sociales y grupos parlamentarios.