Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Esta semana comienza uno de los juicios más mediáticos y esperados en los últimos años por un hecho inédito: por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado en activo se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, por la que le piden entre cuatro y seis años de cárcel.

Durante dos semanas, se recopilarán las pruebas y testimonios necesarios para determinar si Álvaro García Ortiz es culpable o inocente. Serán siete días, con unas vistas programadas a las 10:00 de la mañana y otras a las 15:30. Está prevista la presencia de más de 200 periodistas y hasta 50 personas de público por jornada, en un juicio que no será retransmitido en directo ni en diferido, a diferencia de procesos anteriores de gran repercusión.

Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press precisan que están acreditados dos medios internacionales —AFP y Reuters— y 57 medios nacionales, entre ellos, 19 digitales, 16 cadenas de televisión, 10 emisoras de radios, ocho periódicos y cuatro agencias de noticias.

Durante las diferentes sesiones, pasarán por la silla de los testigos para declarar; Alberto González Amador, querellante y pareja de Isabel Díaz Ayuso; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, o Francesc Vallés Vives, responsable de comunicación de Moncloa. También declararán altos cargos de la Fiscalía, como Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y responsables de gabinetes de la Fiscalía General del Estado, así como decenas de periodistas de medios nacionales como El País, Cadena SER, elDiario.es y Libertad Digital, que aportarán contexto sobre la difusión de los correos que motivaron la causa. En total son 40 testigos.

La investigación que terminó sentando a García Ortiz en el banquillo se originó a comienzos de 2024, cuando un abogado denunció que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había cometido fraude fiscal, y este ofreció declararse culpable de los delitos. El fiscal instructor que recibió la denuncia tomó nota de la voluntad de reconocer los hechos y comenzó a gestionar la causa, que rápidamente adquirió relevancia mediática por implicar a figuras cercanas a la política.

García Ortiz, como Fiscal General del Estado, intervino supervisando y coordinando la gestión de la información en torno al caso. Según la acusación, habría facilitado la obtención de correos internos entre la Fiscalía y el abogado implicado, que contenían el reconocimiento de los delitos fiscales. Estos mensajes fueron divulgados a periodistas en marzo de 2024, antes de que se completara cualquier procedimiento formal, vulnerando la confidencialidad del proceso y los derechos fundamentales de los implicados, como la presunción de inocencia y la intimidad, según la versión de la acusación.

Esta parte sostiene que García Ortiz no se limitó a permitir la filtración, sino que habría presionado a subordinados para conseguir las cadenas de correos y asegurarse de que llegaran a los medios. Esta intervención activa es el núcleo de la imputación por revelación de secretos. La Guardia Civil, durante la instrucción, constató que García Ortiz había borrado mensajes de sus dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y ordenadores, lo que la acusación interpreta como un intento de obstaculizar la investigación.

En el juicio, la defensa de García Ortiz niega que existan delitos y argumenta que el fiscal general actuó dentro de sus competencias institucionales. Sostiene que cualquier gestión de los correos se hizo respetando protocolos internos de seguridad del Ministerio Fiscal, y que la filtración no fue provocada por él ni buscó beneficiar a terceros. Por ello, solicitan la absolución total de todos los cargos.

Esta misma versión es compartida por la Fiscalía, que en este caso se mantiene en el lado de la defensa. En un escrito de conclusiones, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, afirmó que no existen pruebas que acrediten la participación de García Ortiz en la divulgación del correo objeto de la causa.

Así, el Ministerio Público reprocha al instructor del caso haber inferido órdenes exteriores (como del Gobierno) “sin sustrato probatorio” y omitir testimonios de periodistas que ya conocían el contenido del correo antes de que García Ortiz lo recibiera.

Por su parte, las acusaciones populares piden diferentes penas:

• La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita que García Ortiz sea condenado por un delito de revelación de secretos en concurso con un delito de prevaricación, imponiéndole 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
• El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pide una condena de 4 años de cárcel, la suspensión del empleo‑cargo durante 3 años, inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, y una multa de 81.000 euros.
• Manos Limpias reclama también 4 años de prisión, suspensión del cargo durante 3 años, y una multa de 216.000 euros.
• La Fundación Foro Libertad y Alternativa (que agrupa también a Vox y Hazte Oír) pide que García Ortiz sea condenado por un delito de revelación de secretos en concurso con prevaricación, imponiéndole 4 años de prisión.
• González Amador, como acusación particular, solicita una condena de 4 años de prisión por un delito de revelación de secretos, junto con multa de 108.000 euros, suspensión de empleo y sueldo durante 3 años, inhabilitación especial para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado, y una indemnización por daños morales de 300.000 euros.

Desde el Gobierno y el PSOE, han defendido en todo momento la inocencia de García Ortiz. La ministra portavoz Pilar Alegría afirmó que “no hay ninguna prueba concreta contra el fiscal general” y defendió la “confianza plena” del Ejecutivo en él. Patxi López señaló que “no se entiende que el fiscal general deba dar un paso al lado” y añadió que el auto del Tribunal Supremo indica que “no se suspenden sus funciones”, apelando así a la presunción de inocencia.

Por su parte, en el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha comentado que “esta situación es extraordinariamente grave e insostenible”. Y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llegado a afirmar que “tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”.