El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la cuenta institucional que utilizó en Moncloa entre julio de 2018 y septiembre de 2025.
La decisión del magistrado llega después de que la Presidencia del Gobierno remitiera al juzgado una copia íntegra de los mensajes, almacenados en la cuenta oficial bgomez@presidencia.gob.es, en un dispositivo de almacenamiento externo. Según fuentes del procedimiento, el juez ha ordenado que la UCO realice un informe detallado sobre aquellos correos “que tengan relación con los hechos objeto de la causa”, sin dar traslado a las partes hasta que el análisis concluya.
El área tecnológica de Moncloa completó la extracción de todos los datos el pasado 10 de octubre, en cumplimiento de un requerimiento judicial previo. Los correos abarcan más de siete años de actividad, desde el 18 de julio de 2018 —fecha próxima a la llegada de Sánchez al poder— hasta el 23 de septiembre de 2025, lo que incluye tanto comunicaciones internas del entorno de Presidencia como contactos vinculados a su papel académico y profesional.
Una investigación centrada en la cátedra y los recursos públicos
El juez Peinado trata de esclarecer, entre otros extremos, el papel desempeñado por Gómez en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía junto al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de diversos contratos públicos. En el foco de las pesquisas también figura la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, quien habría participado en la gestión de actividades privadas de la esposa del presidente empleando presuntamente medios públicos.
Tanto Gómez como la Fiscalía recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de solicitar siete años de correos, al considerar que la petición resultaba “absolutamente desmesurada” y vulneraba derechos fundamentales. Pese a ello, los mensajes ya se encuentran en poder de la UCO, que anteriormente había analizado los correos de la propia asesora de Gómez, también investigada en esta misma causa.
En una nueva providencia, Peinado ha incorporado de forma expresa el delito de malversación entre los ilícitos bajo investigación, después de que la Audiencia revocara su decisión inicial de desgajar este tipo penal en una pieza separada. Hasta el momento, el procedimiento incluye presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. El magistrado ha propuesto además que, en caso de llegar a juicio, el caso sea enjuiciado por un jurado popular, una decisión que también ha sido recurrida por la defensa de Gómez.
Moncloa entrega nuevos informes sobre la asesora Cristina Álvarez
Junto a los correos electrónicos, la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha remitido un informe adicional para esclarecer quién ha autorizado y ordenado las retribuciones de Cristina Álvarez desde su nombramiento en julio de 2018. Según dicho documento, la responsabilidad de las nóminas recae en la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio, cuyas actuaciones se someten a la fiscalización previa de la Intervención General del Estado.
El juez intenta identificar al responsable directo de la asesora durante estos años para determinar si existió un control efectivo sobre sus funciones en el gabinete de Gómez. Moncloa ha informado de que en el puesto de Subdirector General de Recursos Humanos han pasado cinco personas desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, y ha entregado asimismo los nombres de los secretarios generales de la Presidencia del Gobierno de los que dependía directamente Álvarez.
Entre ellos figura el actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ocupó ese cargo al inicio del mandato. Peinado intentó el pasado mes de junio solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación y falso testimonio, pero la Sala de lo Penal rechazó la petición al apreciar una “absoluta ausencia de indicios mínimamente fundados” sobre su participación.
La Audiencia Provincial de Madrid, no obstante, ha avalado la continuidad de la investigación sobre la posible malversación de recursos públicos en Moncloa, apuntando a una “estructura institucionalizada de poder” que habría permitido “una clara desviación de funciones” por parte de Álvarez, cuyo cometido oficial se limitaba al acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo de la esposa del presidente.
En la misma causa permanecen igualmente investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien en su día ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia y debía supervisar la actividad de la asesora de Gómez.
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