Los padres de Kira López, la menor que se suicidó en 2021 por acoso escolar, llevan a juicio al colegio por inacción: “Nos ocultaron su sufrimiento conscientemente”

El calendario judicial vuelve a moverse en el caso de Kira López, la adolescente de 15 años que se quitó la vida en mayo de 2021 tras años de acoso escolar y maltrato docente en el colegio concertado religioso Pare Manyanet de Sant Andreu, en Barcelona. El juicio civil de responsabilidad contra el centro educativo, en el que los padres reclaman 150.000 euros por inacción del colegio, se celebrará finalmente los días 12 y 14 de enero de 2027, después de que tuviera que ser aplazado por causa de fuerza mayor de tres peritos que iban a intervenir este mes de octubre.

Para José Manuel y María José, los padres de Kira, el nuevo retraso ha sido un golpe difícil de digerir. “Emocionalmente ha sido muy duro”, confiesa el padre, “pero si lo pensamos bien, puede ser positivo”. Ambos creen que este tiempo servirá para que otras causas judiciales relacionadas con el colegio lleguen a resolverse antes del juicio principal, arrojando “más luz” sobre el caso y reforzando su reclamación. “Esperamos que cuando llegue enero de 2027 tengamos sobre la mesa todas las resoluciones que ahora están pendientes y que la sentencia, además de condenatoria, sea contundente”, añaden.

El matrimonio recuerda que pocos días después de presentar su demanda civil, el colegio respondió con una querella por calumnias y difamación. “Fue una venganza”, sostiene José Manuel. “Cinco días después de denunciar al colegio, ellos nos denunciaron a nosotros”. Hasta el momento, han solicitado en cinco ocasiones que se archive esa querella, que consideran “sin fundamento”.

Mientras tanto, preparan una nueva acción penal contra el profesor de religión y subdirector del centro que “en 1.º de ESO castigó sólo a Kira por algo que había hecho toda la clase, encerrándose a solas con ella varias veces y diciéndole que si contaba algo de lo que iba a pasar allí la llevaría al teatro del colegio y les diría a todos sus compañeros y amigos que era una mala persona. También le dijo que no tenía perdón y que, si mataba a alguien, también le pediría perdón en un juicio. Estas coacciones provocaron en Kira un ataque de ansiedad al llegar a casa, verbalizando: ‘no merezco vivir porque no tengo perdón’“, relata la madre. Este acto contraviene el protocolo que exige la presencia de dos adultos. “Fue uno de los episodios que más daño le hizo a Kira”, explica María José. “Si esa querella prospera, podría haber una condena penal antes de que se celebre el juicio civil”.

Ambos repiten una idea: el tiempo, aunque duele, puede jugar a su favor. “Queremos pensar que este retraso permitirá que se resuelvan esas causas y que todo quede más claro”, dicen. “No se trata solo de que el colegio sea condenado, sino de que la sentencia deje constancia de cómo se actuó con nuestra hija”.

La demanda civil se apoya en el artículo 1903 del Código Civil, la llamada culpa in vigilando, que establece la responsabilidad de los centros educativos por los daños causados por sus empleados o alumnos si no actúan para evitarlos. Según la familia, el colegio no hizo nada pese a conocer las agresiones y humillaciones que sufría Kira desde Infantil. “Durante la fase probatoria, el colegio debía demostrar que había actuado, y no presentó ni un solo documento”, asegura José Manuel. “Sabían lo que estaba pasando y lo ocultaron”.

Los padres explican que en los informes internos se hacía constar que la adolescente tenía miedo a las burlas, mientras que en los documentos que les entregaban a ellos se afirmaba lo contrario: que Kira estaba bien y destacaba en los estudios. “Nos ocultaron su sufrimiento conscientemente”, lamenta la madre. “Kira dejó de contarnos las cosas para no preocuparnos. Lo decía ella misma en un audio grabado seis meses antes de morir”.

Para la familia, la reacción del colegio tras la muerte de Kira dejó al descubierto su verdadero interés: proteger su reputación. “Desde el primer día negaron que mi hija hubiera sufrido acoso”, explica José Manuel. “Incluso cuando la policía confirmó que el correo con la palabra muere lo había enviado un compañero suyo, el colegio se apresuró a emitir un comunicado diciendo que todo era falso”.

Los padres recuerdan además que, un mes y medio antes del suicidio de Kira, la Policía había detenido a un religioso del mismo colegio por posesión de pornografía infantil. “El informático que descubrió los archivos fue reprendido por el director, que le culpó de perjudicar la imagen del colegio y de hacerle perder matrículas. Con Kira hicieron lo mismo: callar, tapar y proteger el nombre del centro por encima de todo”.

María José asegura que esta actitud no es un caso aislado. Desde que fundaron la asociación Trencats, tras la muerte de su hija, atienden a familias que viven situaciones similares. “Cada día recibimos dos o tres casos nuevos”, explica. “La mayoría son de colegios concertados, muchos religiosos. Lo primero que hacen es negar. Piensan que admitir que hay acoso es perder prestigio. Pero lo verdaderamente grave es mirar hacia otro lado”.

El recorrido judicial del caso Kira ha sido largo y complejo. La investigación penal abierta en 2021 por inducción al suicidio fue archivada provisionalmente en octubre de 2022, al no encontrarse pruebas suficientes para imputar a nadie. Sin embargo, el propio auto judicial reconocía que la actuación del colegio debía examinarse en la vía civil, por lo que los padres decidieron continuar por esa senda.

“Nosotros no quisimos seguir adelante con la acusación contra los menores que la acosaban”, aclaran. “Nadie le explicó a esos niños que lo que estaban haciendo no estaba bien. La verdadera responsabilidad es del colegio, que no hizo nada para frenar la violencia”.

En el juicio de enero de 2027 declararán cuatro compañeras de Kira, testigos directas del acoso escolar y de los episodios de maltrato docente. A esas declaraciones se sumarán los testimonios que ya constan en los atestados de los Mossos d’Esquadra, además de los informes del Síndic de Greuges y del Defensor del Menor, que acreditan la pasividad del centro.

La familia subraya que tanto el Departament d’Educació como el Ajuntament de Barcelona se han personado como acusación popular, algo inédito en un caso de violencia escolar en Cataluña. “Eso demuestra que ya nadie puede negar lo que pasó”, dicen los padres.

Faltan aún más de un año para que llegue el juicio, y el camino se hace largo. Pero José Manuel y María José no piensan rendirse. “El tiempo pasa, pero la verdad sigue ahí”, dicen. “Kira confió en nosotros, y no pararemos hasta que haya justicia para ella”.