Todo lo que se sabe hasta ahora del caso de Sandra Peña: el contenido del móvil de la menor, la posible responsabilidad de tres alumnas y el papel del colegio

En el barrio sevillano de San Carlos, el silencio se rompe cada tarde frente a un pequeño altar improvisado con flores, velas y fotografías. Allí, vecinos, amigos y desconocidos se detienen unos minutos para recordar a Sandra Peña, una joven de 14 años que decidió quitarse la vida el pasado martes. Su rostro, sonriente en las imágenes, se ha convertido en símbolo del dolor, pero también del clamor por respuestas.

Detrás de su muerte, según la investigación abierta, habría meses de acoso escolar sufridos en el colegio Irlandesas de Loreto, donde cursaba tercero de ESO. Su familia asegura que advirtió en varias ocasiones a la dirección del centro del sufrimiento que padecía la adolescente, sin que se activaran los protocolos obligatorios para protegerla. La tragedia no solo ha dejado una huella profunda en Sevilla, sino que ha puesto en evidencia las grietas de un sistema que, pese a contar con normas y procedimientos, no siempre logra prevenir a tiempo el daño.

Las tapias del colegio Irlandesas de Loreto, situado en el barrio sevillano de San Carlos, amanecieron el viernes cubiertas de pintadas que reflejaban la rabia y la frustración de un vecindario que no encuentra consuelo. “Francisco, cómplice”, “asesinos”, “culpables”, “justicia” o “dad la cara”, podía leerse sobre el característico muro anaranjado del centro. A escasos metros, un altar improvisado con flores, velas y fotografías recordaba a la joven fallecida.

El colegio notificó las pintadas a las autoridades y difundió un comunicado en su página web en el que apelaba al respeto hacia su alumnado, que en los últimos días también ha sido objeto de miradas y comentarios por el simple hecho de vestir el uniforme del centro. A media mañana de este martes, operarios del servicio municipal de limpieza trabajaban con ahínco para borrar las frases acusadoras de los muros. Al amanecer, las paredes habían recuperado su color original y el silencio volvía, al menos por unas horas, a las puertas del colegio.

Sandra cursaba tercero de ESO en ese colegio, en el que había estudiado toda su vida. Según el relato de su familia, la dirección del centro conocía desde hacía meses la situación de acoso que sufría, pero no tomó medidas efectivas para protegerla. Su tío materno, Isaac Villar, portavoz de los padres, explicó que la madre de la menor acudió en dos ocasiones a la dirección para denunciar lo que estaba ocurriendo: primero en la primavera de 2024 y más tarde al inicio del nuevo curso. “Desde el centro nunca ha habido comunicación con la familia, ni antes, ni durante, ni ahora tampoco”, lamentó.

La única medida que se adoptó fue separar a la alumna de las tres compañeras señaladas, pero “seguían coincidiendo en el patio y en los pasillos”. Villar sostiene que incluso algunos profesores desconocían que existía un caso de acoso en curso, y que la propia madre aportó informes psicológicos para dejar constancia del daño emocional que sufría su hija.

La Inspección Educativa de la Junta de Andalucía visitó el centro el miércoles posterior a la tragedia y elaboró un informe contundente: el colegio no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas, a pesar de que ambos debían haberse puesto en marcha desde el momento en que se detectaron indicios de riesgo.

Estos protocolos están diseñados para garantizar una intervención inmediata, con seguimiento psicopedagógico, comunicación a las familias y coordinación con servicios sociales o sanitarios cuando sea necesario. No hacerlo supone una infracción grave de las obligaciones que rigen tanto para los centros públicos como para los concertados.

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, confirmó el incumplimiento y abrió un expediente administrativo contra el colegio Irlandesas de Loreto, dependiente de la Fundación Mary Ward. Castillo advirtió de que, si se acreditan faltas muy graves, el centro podría perder su concierto educativo y, por tanto, la financiación pública. La Junta remitió toda la documentación a la Fiscalía Provincial de Sevilla, que ya ha asumido las diligencias.

La investigación ha dado un paso decisivo en los últimos días. Los agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional lograron acceder al teléfono móvil de Sandra y analizan ahora su contenido en busca de pruebas que confirmen el acoso escolar que, según denunció su familia, venía sufriendo desde la pasada primavera. En esos mensajes y conversaciones podría estar parte de la respuesta que la ciudad lleva semanas reclamando.

Las pesquisas se centran en tres alumnas de su misma clase del colegio Irlandesas de Loreto, las mismas a las que la familia señala como autoras del hostigamiento. Según fuentes de la investigación, las tres serían mayores de 14 años, la edad mínima a partir de la cual un menor puede asumir responsabilidad penal. Los resultados del análisis del teléfono se incorporarán al informe policial que prepara el Grupo de Menores, pieza clave del expediente de reforma juvenil abierto por la Fiscalía de Sevilla.

En los últimos días, una oleada de mensajes en redes sociales ha señalado públicamente a las tres alumnas presuntamente implicadas, difundiendo incluso imágenes y datos personales de las menores. La Fiscalía ha pedido la retirada inmediata de esas publicaciones y recuerda que “el acoso no se combate con acoso ni con amenazas”. De hecho, el Ministerio Público ha abierto diligencias por la difusión ilícita de esas fotografías, advirtiendo de que la protección de los menores alcanza tanto a las víctimas como a quienes aparecen en la investigación.

Por su parte, el tío de la menor, Isaac Villar, ha vuelto a poner voz al dolor de la familia. Pide justicia, pero también contención. “No queremos que nadie pase por lo que estamos viviendo nosotros”, repitió ante los medios. La familia tiene previsto presentar en los próximos días una denuncia penal formal, una vez reunida toda la documentación de la investigación policial y educativa.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos investigaciones paralelas. La primera, de carácter penal, busca determinar la posible responsabilidad de las tres alumnas que habrían acosado a Sandra de forma continuada desde el curso pasado.

La segunda investigación se centra en la actuación del colegio y de sus responsables. El objetivo es determinar si hubo omisión del deber de protección, negligencia o incumplimiento de las normas de actuación frente a indicios de acoso. Fuentes judiciales apuntan que, si de las diligencias se desprende la existencia de un delito, la Fiscalía podría formular cargos contra la dirección o el titular del centro.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado además la apertura de una investigación de oficio para analizar el funcionamiento de los protocolos educativos en este caso. “Los protocolos deben funcionar; no basta con que existan si no se aplican cuando hay señales de alarma”, advirtió.

El caso de Sandra Peña ha reabierto el debate sobre la eficacia real de los protocolos contra el acoso escolar en Andalucía. Más de la mitad del profesorado andaluz considera que estos procedimientos “son poco operativos” o “demasiado burocráticos”. La tragedia también ha puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad compartida: la de los centros educativos, la de los profesores, la de los padres de los agresores y la de los propios compañeros que, a veces, callan ante el abuso. En paralelo, proyectos como El Club de los Secretos, dedicados a prevenir el acoso escolar desde edades tempranas, insisten en que es esencial enseñar a los menores a contar lo que les sucede y pedir ayuda.

Más allá de la investigación y el dolor, la figura de Sandra Peña ha conseguido lo que pocos imaginaban: unir a una ciudad entera bajo un mismo latido. Aficionada al Betis desde niña, jugaba al fútbol en el CD Honeyball, a escasos metros del colegio donde estudiaba. El sábado, sus compañeras salieron al campo con lágrimas contenidas y una camiseta que decía: “Tu corazón late en el campo”. Guardaron un minuto de silencio, pero en el aire se escuchaba algo más: una mezcla de tristeza y promesa, como si cada pase y cada gol fueran un gesto para ella.

En el Benito Villamarín, su imagen apareció en el videomarcador antes del partido contra el Villarreal. Miles de aficionados se levantaron en pie, en un homenaje que traspasó colores. Al otro lado de la ciudad, el Sevilla FC desplegó una pancarta con un mensaje contundente: “Tolerancia cero con el bullying. D.E.P. Sandra”. Por una vez, la rivalidad se disolvió entre aplausos y silencio. En las redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplicaron hasta convertir su nombre en un eco que recorre toda Sevilla.