La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 9 de la capital que reconsidere su decisión de no investigar en profundidad las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez. En un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público sostiene que Díez “lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, cuyo propósito sería “desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción” para “anular o malbaratar” sus investigaciones en casos que afectan a políticos y empresarios de relevancia.

Según el fiscal encargado del recurso, Juan Pablo Nieto, los tres denunciados habrían actuado con un patrón común basado en el intercambio de favores y la búsqueda de información comprometida sobre mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía. “El patrón de actuación es exactamente el mismo”, sostiene el Ministerio Público, que describe un modus operandi consistente en ofrecer “favores procesales o profesionales” a cambio de datos irregulares que pudieran comprometer a altos cargos de ambas instituciones.

La investigación, que se encuentra ya en manos del juez Arturo Zamarriego, acumula varias denuncias y declaraciones de testigos, entre ellos los fiscales Stampa y Grinda, que relataron sendos intentos de soborno vinculados a la misma trama.

El fiscal Ignacio Stampa relató en un escrito remitido a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que el pasado mes de mayo mantuvo un encuentro con Leire Díez y el empresario Pérez Dolset, el cual grabó íntegramente. Durante la reunión, ambos le habrían preguntado si conocía irregularidades relacionadas con los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, así como con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Según Stampa, los interlocutores aseguraron actuar “siguiendo órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, e insinuaron que el Ejecutivo estaría interesado en revertir la situación judicial derivada de la imputación de Begoña Gómez. Pérez Dolset habría llegado a afirmar, según el relato del fiscal, que “el presidente había dado orden de limitar, sin límite”, y que era necesario “revertir la situación caiga quien caiga”.

Durante la conversación, los investigados habrían mencionado también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —actualmente en prisión preventiva por un caso de presuntas mordidas en obra pública—, quien supuestamente iba a acudir a la cita en nombre del Gobierno, algo que finalmente no ocurrió.

Stampa señaló que, tras el encuentro, mantuvo otra conversación telefónica con Leire Díez en la que ésta le prometió que “se resolverían los contenciosos con la administración” y que se adoptarían medidas para que volviera a asumir el ‘Caso Tándem’. Días después, Pérez Dolset intentó concertar una nueva cita el 29 de mayo, pero el fiscal la canceló al conocerse públicamente las informaciones sobre Díez. Fue entonces cuando decidió trasladar todo lo sucedido a la Fiscalía Superior de Madrid.

Paralelamente, el fiscal Anticorrupción José Grinda comunicó a su superior, Alejandro Luzón, que el 27 de febrero se había reunido con el periodista Pere Rusiñol, quien le mostró un documento —sin permitirle conservarlo ni fotografiarlo— en el que se le ofrecía un traslado y un ascenso a cambio de colaborar en el archivo de determinadas causas y proporcionar información comprometedora sobre Luzón.

En aquel encuentro, Rusiñol le habría comentado que “la persona que podría avalar ese acuerdo es alguien que conoce como Leire”, lo que, a juicio de la Fiscalía, refuerza la conexión entre los tres investigados.

El juez Zamarriego ha citado a declarar como testigos a los fiscales Stampa y Grinda el próximo 5 de noviembre, mientras que Leire Díez, Pérez Dolset y Pere Rusiñol deberán comparecer como investigados el día 11 del mismo mes. La causa incluye también las denuncias de la asociación Hazte Oír, que remitió a los tribunales de Madrid un expediente originado en Badajoz tras conocerse una serie de audios en los que Díez ofrecía favores al empresario Alejandro Hamlym a cambio de información que comprometiera a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público insiste en que las actuaciones deben ser analizadas de manera conjunta para comprender el “plan delictivo coordinado” que, según su versión, perseguía “manipular pleitos heterogéneos” que afectaban tanto a políticos como a empresarios. “Los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y la necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas”, señala el fiscal Nieto en su escrito.

La investigación judicial sigue su curso en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde el magistrado Zamarriego ha asumido la instrucción de todas las piezas acumuladas relativas a los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias atribuidos a la exmilitante socialista.