El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo

La SAREB (más conocida como el ‘banco malo’, porque nació para gestionar y liquidar los activos tóxicos heredados de la crisis financiera de 2008) ha tenido que volver a licitar el contrato de mantenimiento de la base de datos que utiliza para luchar contra el blanqueo de capitales y terrorismo. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria dejó desierta esta adjudicación en agosto porque, según explica un portavoz a Infobae España, la oferta económica de la única empresa que se presentó, Deloitte Technology & Transformation, “no se ajustó al modelo de oferta económica previsto en los pliegos y no pudo ser aceptada por lo que fue excluido, y como consecuencia el procedimiento resultó desierto”.

El contrato vuelve a estar actualmente en licitación por 121.000 euros (IVA incluido) para que la entidad, participada al 50,14% por el Estado (a través del FROB, dependiente del Ministerio de Economía), pueda seguir contando con el servicio de mantenimiento y soporte de su plataforma ‘Ariadna’, que le ayuda a prevenir el blanqueo de capitales y el fraude terrorista en las operaciones que realiza. “Es un servicio recurrente”, explican desde la SAREB, “ya que se precisa del mantenimiento de esta herramienta que a su vez se licita por separado. La razón de hacerlo por separado es que este mantenimiento no es un mero correctivo, sino que incluye proyectos y evoluciones”.

La Sareb nació en noviembre de 2012 para gestionar y liquidar los activos transferidos por las nueve entidades financieras que recibieron ayuda pública. Comenzó con una cartera de 50.780 millones de euros, de los que un 80% eran préstamos al promotor y un 20% inmuebles de toda naturaleza. La compañía emitió deuda privada para adquirir su cartera. Estos bonos, que fueron entregados a las entidades rescatadas, cuentan con el aval de Estado. La misión de la Sareb es gestionar y vender los activos adquiridos en un plazo máximo de 15 años, antes de noviembre de 2027. Aún dispone suelo, por ejemplo, para construir 311.000 viviendas.

La SAREB trabaja con la plataforma ‘Ariadna’ desde el año 2012, ya que permite al banco gestionar el riesgo de los clientes y proveedores con los que se relaciona a través de un sistema de puntuaciones y alertas que evalúa las entidades con mayor posibilidad de lavado de dinero y financiación del terrorismo. No solo coteja a los clientes, también las transacciones que realiza con ellos, iniciando procesos de investigación de actividades sospechosas. “Para que la plataforma pueda ser explotada y gestionada correctamente se precisa un servicio de mantenimiento y soporte de lunes a viernes de 9 a 14 horas”, especifica el pliego de condiciones del contrato.

La SAREB está obligada por ley a tener estos controles desde que se aprobó en abril de 2010 la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBCFT). En la misma se determinan los sujetos obligados, entre los que están todas las entidades financieras, fondos de inversión, entidades de dinero electrónico, prestamistas, promotores inmobiliarios, servicios postales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, determinados abogados (en función de las operaciones que hagan), casinos de juego, joyeros y anticuarios, por poner los ejemplos más comunes. Si se detecta una anomalía, todos estos sujetos están obligados a comunicársela al Sepblac, servicio del Banco de España.

Para la consecución de este objetivo, “Sareb necesita el uso de herramientas tecnológicas especializadas y avanzadas en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo gestionando información propia y de terceros generada a través de complejos algoritmos y aplicando niveles altos de inteligencia específica del negocio”, explica la entidad financiera. Y una herramienta de esta característica “exige un mantenimiento a través de equipos cualificados con amplia experiencia”. La SAREB nunca ha contado con este personal y siempre lo ha contratado.

“La eliminación del servicio haría que la plataforma ‘Ariadna’ dejase de prestar una correcta respuesta a las áreas de negocio y, por tanto, no se podrán sancionar, o no, de forma correcta, las operaciones desde el punto de vista de Cumplimiento. De la misma forma, no se podrá evaluar ni transacciones ni clientes que tengan algún tipo de relación con Sareb”, reza el pliego de condiciones del contrato. Estos errores en la operativa de la Sareb, sobre la prevención de blanqueo de capitales, conllevarían consecuencias legales y reputacionales para la entidad. El contrato es por un año y prevé un máximo de 71 euros por hora de mantenimiento.

Si todo marcha bien, este puede ser el penúltimo contrato en este sentido. Al nuevo presidente ejecutivo de la SAREB, Leopoldo Puig, le corresponde pilotar el proceso de liquidación de la sociedad, previsto para 2027. Antes deberá traspasar los activos a la entidad pública Sepes y terminar de completar la gestión social de la cartera de activos ocupados por personas con vulnerabilidad, unas 13.000 familias.