Este jueves, el Gobierno de Grecia ha aprobado la polémica reforma laboral que permite jornadas de trabajo de hasta 13 horas diarias. La ola de protestas de las últimas dos semanas no ha evitado que el Parlamento griego, liderado por el primer ministro del partido de centroderecha Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, diera hoy luz verde a esta medida. El resultado de la votación ha sido de 158 votos a favor y 109 en contra, en una cámara con 300 diputados.
Aunque la reforma laboral ha salido adelante, los sindicatos y la oposición ha mostrado su rechazo. Las críticas más claras han sido por parte de los sindicatos del sector público, que han señalado que la reforma representa una regresión grave en derechos laborales. El principal partido opositor, Syriza, ha intentado boicotear la votación parlamentaria al no participar como señal de protesta, argumentando que la ley no solo no mejora, sino que empeora la protección del trabajador frente al poder empresarial.
El debate se centra, precisamente, en la percepción de que “la necesidad existente y la relación de poder que existe entre las partes”, según recalcaron en un comunicado de la Confederación Griega de los Trabajadores, limita la posibilidad real de que un empleado pueda oponerse a la imposición de trabajar 13 horas, lo que “fomenta la precariedad” y debilita la negociación individual.
El Gobierno defiende que la reforma se adapta “a las necesidades laborales y empresariales actuales”
Desde hace dos semanas, el rechazo a esta reforma ha creado un ambiente social muy tenso en las principales ciudades del país. Los días 1 y 14 de octubre, miles de ciudadanos salieron a protestar durante dos huelgas generales de 24 horas. Ambas convocatorias fueron impulsadas por la Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY), coincidiendo con el inicio del debate parlamentario sobre la norma.
La norma especifica que la jornada diaria puede extenderse hasta 13 horas diarias durante un máximo de 37 días al año, siempre bajo acuerdo expreso entre el trabajador y la empresa, y manteniendo los topes de 48 horas semanales y no más de 150 horas extra al año. Asimismo, cada hora adicional trabajada bajo esta modalidad llevaría una bonificación del 40% respecto al salario ordinario, según la ministra de Trabajo, Niki Kerameos.
Desde el Ejecutivo argumentaron que esta reforma busca una supuesta “modernización” y responde a la “adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales”. Además, dan importancia a la flexibilidad como herramienta de competitividad y crecimiento. También defendieron que es una vía para “mejorar la calidad del empleo y ampliar las opciones tanto para los trabajadores como para las empresas”.
Afirman que la medida pretende dar más herramientas para compatibilizar distintas tareas y permitir, por ejemplo, la posibilidad de un doble empleo, algo que la ley también contempla. Sin embargo, para los críticos esto disfraza un potencial deterioro de las condiciones de vida, señalando el posible impacto negativo en la vida familiar y social de los empleados.
El sector público secundó las huelgas, mientras que el privado se desmarcó de las movilizaciones
En cuanto a las jornadas de protestas, la división sindical se hizo evidente, ya que mientras la huelga fue ampliamente secundada en el ámbito público, el principal sindicato del sector privado, GSEE, no convocó ningún paro. Este hecho fue criticado por Yorgos Petrópulos, miembro del Comité Ejecutivo de ADEDY, quien calificó de “incomprensible” la postura de GSEE y, durante una entrevista con EFE, agregó: “Nosotros salimos hoy a la calle porque tenemos amigos y familiares que trabajan en el sector privado, pero la no convocatoria de un paro por GSEE no ayudó a que la protesta sea masiva”.
Más allá del debate parlamentario, las marchas de los últimos días han recogido el descontento de una gran parte de la población, que está preocupada por la posibilidad de que se precaricen más los empleos y se erosione el poder de negociación de los asalariados. Para los gremios, el aumento de horas no compensa la falta de avances en otros frentes como la reducción de la jornada semanal o el incremento salarial, puntos ausentes en la reforma y que han sido demandas históricas del movimiento obrero griego.
Desde el Gobierno, insisten en que el país necesita abrirse a las exigencias del mercado y dotar de mayor flexibilidad tanto a empresarios como a trabajadores. La ministra de Trabajo justificó que “las necesidades familiares y personales requieren instrumentos más flexibles, y la reforma responde a esa realidad laboral”. Por contra, la oposición sostiene que esta narrativa normaliza la excepcionalidad y debilita el concepto tradicional y colectivo de los derechos laborales.
*Con información de agencias.
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