Por qué no se puede pasar la pensión a la cuenta bancaria de un hijo en el momento que cumple la mayoría de edad, según un abogado

El dinero sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto tras un divorcio o una separación. A pesar de que la mayoría de los padres intenta mantener una relación cordial en beneficio de los hijos, las diferencias suelen aparecer cuando se trata de definir quién debe pagar determinadas actividades o si es posible modificar el destino de la pensión alimenticia sin autorización judicial. El bufete de abogados conocido en redes sociales como @millenialsabogados, ha aclarado en un vídeo dos preguntas frecuentes en los juzgados de familia: si el padre puede transferir la pensión directamente a su hijo mayor de edad y si está obligado a pagar las actividades extraescolares elegidas por la madre sin su consentimiento.

En el primero de los casos, el abogado que gestiona la cuenta explica que un padre no puede ingresar la pensión directamente a su hijo aunque este haya cumplido los 18 años, salvo que exista una modificación expresa en la sentencia o un acuerdo entre las partes. “La resolución establece que el pago de esa pensión debe ingresarse en la cuenta del progenitor o progenitora custodio”, aclara el letrado.

De esta manera, si el padre decide hacerlo “de motu proprio”, es decir, por iniciativa propia y sin haberlo acordado con la otra parte, la madre podría interponer una demanda de ejecución por incumplimiento de sentencia. En otras palabras, la transferencia directa al hijo no solo no libera al padre de su obligación, sino que podría traerle consecuencias legales.

El segundo supuesto tratado por el mismo abogado tiene que ver con los gastos extraordinarios, especialmente los extraescolares de carácter lúdico. En este caso, el profesional responde a un padre que se queja porque la madre apunta a sus hijas a actividades como natación o ballet sin consultárselo y luego le exige el pago. La respuesta del letrado es clara: no está obligado a abonar esos importes si no hubo consenso previo. “Los gastos extraordinarios lúdicos deben ser consensuados por ambos progenitores para luego poder reclamarle al otro el 50%”, subraya. Es decir, no basta con que uno de los padres decida unilateralmente inscribir a los hijos en una actividad y luego pretenda exigir el reembolso parcial al otro.

La legislación española, concretamente el artículo 142 del Código Civil, define la pensión alimenticia como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”, y añade que incluye también “la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa no imputable a él”. En la práctica, eso significa que la pensión cubre los gastos básicos, pero no necesariamente las actividades complementarias.

La cuantía de esta manutención suele fijarse en función de factores como el número de hijos, las necesidades de cada uno, el nivel de ingresos y el lugar de residencia, y se actualiza anualmente según el Índice de Precios de Consumo (IPC). Este índice mide la evolución del coste de la vida y sirve como referencia para mantener el poder adquisitivo de la pensión. Además, la intervención del fiscal de Menores es obligatoria para validar las cantidades acordadas o impuestas por sentencia.

Por otra parte, no debe confundirse la pensión alimenticia con la pensión compensatoria, que busca equilibrar la situación económica entre los cónyuges cuando la separación deja a uno de ellos en desventaja económica. En ambos casos, las decisiones finales corresponden a un juez, que determina tanto la cuantía como las condiciones del pago. Los expertos recomiendan que cualquier cambio en la forma o el destino del pago se formalice siempre por escrito y mediante una modificación de la sentencia o del convenio regulador. De lo contrario, el progenitor podría enfrentarse a reclamaciones judiciales por incumplimiento.