El problema no son los okupas, es el precio de la vivienda: los datos avalan que aumentan los impagos mientras la okupación sigue en caída

Las últimas cifras difundidas por el Consejo General del Poder Judicial muestran que la mayoría de los desalojos se deben a alquileres o hipotecas que las familias no pueden asumir

Guardar
Una de las vecinas desalojadas
Una de las vecinas desalojadas del edificio Dignidad de Móstoles, en 2023 (Fernando Sánchez / Europa Press)

Que la okupación de viviendas tenga un espacio reservado -casi a diario- en ciertos programas de radio y televisión, en mítines y en las agendas políticas no significa que sea el fenómeno central que está vaciando los hogares en España. Los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), enmarcados en el segundo trimestre de 2025, muestran otra realidad: son los impagos del alquiler y de los préstamos hipotecarios los que están provocando la mayoría de las pérdidas de vivienda.

Los desahucios disminuyen, pero miles de familias se quedan en la calle

En el periodo entre abril y junio de este año se han practicado 6.960 lanzamientos -la ejecución física de una orden judicial para desalojar a un inquilino, es decir, el acto final del proceso de desahucio-, lo que supone un descenso interanual del 11,6%. No obstante, esta cifra no es un mero número estadístico: son casi 7.000 familias que han perdido su casa en apenas tres meses.

En cuanto a las razones para llevar a cabo esos lanzamientos, 5.299 (el 76,1% del total) se derivaron de procedimientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos por impagos de alquiler. Otros 1.217 respondieron a ejecuciones hipotecarias y 444 a otras causas.

A pesar de la gravedad de la situación, cabe destacar que los lanzamientos por impago de alquiler descendieron un 9,8% respecto al mismo trimestre de 2024; los derivados de ejecuciones hipotecarias también cayeron (-17,2%), y los de otras causas un 12,4%.

Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 76% y anticipan nuevos desalojos

Por otra parte, las cifras sobre ejecuciones hipotecarias alertan del riesgo de que más hogares sean desalojados si la situación se endurece, pues en el segundo trimestre se han presentado un total de 9.640, lo que representa un aumento interanual del 75,8%.

Estos casi diez mil procedimientos que se han puesto en marcha, si avanzan hasta convertirse en lanzamientos efectivos, aumentarán el número de familias que perderán su casa. Incluso si una parte no culmina en desahucio, la cifra sirve de termómetro de peligro real.

Más de 21.000 personas están en peligro de desahucio en Madrid por la especulación inmobiliaria: “Los fondos buitre son depredadores”.

El mapa de los desahucios en España

El mapa geográfico de los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias refuerza la idea de se trata de un problema ligado al mercado inmobiliario: Cataluña concentró la mayor parte de los lanzamientos (1.910, el 27,4% del total) y también lideró las ejecuciones hipotecarias con 3.102 procedimientos (el 32,17% del total).

Le siguen Andalucía (1.090 lanzamientos; 1.896 ejecuciones hipotecarias), la Comunidad Valenciana (806 lanzamientos; 1.098 ejecuciones hipotecarias) y Madrid (707 lanzamientos; 903 ejecuciones hipotecarias). Todas ellas comunidades autónomas en las que destaca un abrupto encarecimiento de la vivienda.

La okupación cae, pero sigue marcando la agenda política

En paralelo, la estadística sobre los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal muestra una caída clara, según el CGPJ: sumaron un total de 487 en el trimestre, un 23,8% menos que en 2024. Andalucía ha concentrado el mayor número de demandas (105), seguida de Cataluña (88) y la Comunidad Valenciana (50).

Estos datos reflejan que la agenda pública dedica tiempo a un fenómeno -la okupación- que, pese a su visibilidad mediática y política, representa una porción residual de los procedimientos judiciales sobre vivienda. Las cifras son claras: lo que empuja a miles de hogares al desahucio es, sobre todo, la incapacidad para pagar alquileres cada vez más altos y una presión hipotecaria que, por el volumen de procedimientos, apunta a nuevas familias en peligro.