La justicia gallega colapsa: los juicios por despido se señalan para 2028 y las causas civiles se acumulan sin fecha de resolución

Los juzgados de Galicia atraviesan uno de los mayores embotellamientos de los últimos años. La acumulación de causas pendientes ha alcanzado tal magnitud que algunos tribunales han comenzado a señalar vistas orales para dentro de más de dos años. Según datos recientes de La Voz de Galicia, algunos procedimientos ya se programan para enero de 2028, reflejando la magnitud del atasco en diferentes órganos judiciales de la comunidad.

La situación afecta principalmente a los juzgados de lo social, donde se tramitan despidos y reclamaciones laborales, y a los juzgados civiles, encargados de resolver pleitos por impagos, reclamaciones de cantidad y otros conflictos contractuales. En lo social, los juicios por despido —que legalmente tienen carácter preferente— se están fijando, en muchos casos, para comienzos de 2026. En los tribunales civiles, las demandas por cantidades adeudadas llegan a programarse hasta finales de 2027 o principios de 2028. Esto significa que una persona que presenta hoy una reclamación puede tardar más de dos años en conocer una resolución.

El problema no es coyuntural, sino estructural. Cada año entran miles de nuevos asuntos, mientras el número de jueces y funcionarios apenas se incrementa. La mayoría de los juzgados gallegos son órganos unipersonales, lo que limita su capacidad para atender el creciente volumen de litigios, especialmente en el ámbito laboral.

La gestión del calendario se complica aún más por suspensiones de vistas por bajas médicas, ausencias de testigos o retrasos en la recepción de peritajes. Estas incidencias obligan a reorganizar agendas constantemente, generando un efecto dominó que retrasa numerosos procedimientos. Como resultado, varios juzgados tienen su capacidad de citación prácticamente agotada.

En lo social, algunos procedimientos se están señalando con hasta 36 meses de antelación. Despachos de abogados han recibido notificaciones con vistas previstas para el primer trimestre de 2028. En lo civil, los tiempos de espera superan ampliamente los dos años, y los procesos de ejecución de sentencias pueden prolongarse todavía más, afectando a particulares y empresas por igual.

Aunque la congestión es especialmente visible en Galicia, no es un fenómeno exclusivo de la comunidad. En provincias como Valladolid o Málaga también se han detectado retrasos de varios años en la señalización de juicios, sobre todo en órganos de lo social, donde la litigiosidad por despidos y reclamaciones económicas crece de forma sostenida.

En Galicia, la saturación se ve agravada por la dispersión territorial y la insuficiencia de órganos especializados. En ciudades como Santiago, Vigo, A Coruña y Ourense, los juzgados gestionan un volumen de trabajo que supera los márgenes razonables para garantizar una justicia rápida. En localidades más pequeñas, la falta de personal y la rotación de funcionarios multiplican los retrasos.

Además, la digitalización de los sistemas judiciales es todavía incompleta. Aunque se han implantado herramientas telemáticas, muchos procedimientos siguen dependiendo de trámites presenciales o de notificaciones que se atascan en circuitos administrativos lentos. La falta de interoperabilidad entre plataformas y la carencia de recursos tecnológicos adecuados contribuyen a la prolongación de los plazos.

La demora en los señalamientos tiene efectos directos para los ciudadanos. Quienes presentan reclamaciones laborales, civiles o de cantidad pueden pasar años sin conocer una resolución. Para los trabajadores despedidos, la espera puede traducirse en la imposibilidad de percibir indemnizaciones en un plazo razonable. Para las empresas, los retrasos representan costes adicionales y una mayor incertidumbre jurídica.

La lentitud también afecta la percepción pública del sistema judicial. Galicia, tradicionalmente considerada una comunidad con niveles de litigiosidad moderados, se enfrenta ahora a un escenario en el que la justicia deja de ser inmediata y se convierte en un proceso prolongado, con un desgaste que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Mientras tanto, la carga de trabajo sigue creciendo. Cada nuevo asunto que entra en los juzgados se suma a los miles que ya esperan resolución, y los recursos disponibles no permiten absorber la demanda. Los calendarios, cada vez más extensos, muestran un sistema judicial que, más que avanzar, parece desplazarse hacia un horizonte cada vez más lejano.