
El proceso judicial que enfrenta a Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana ha sumado nuevos capítulos en las últimas semanas, trasladando la disputa desde el condado estadounidense de Miami hasta los juzgados de Barcelona. El origen del actual conflicto radica en el embargo de un superyate vinculado al exmatrimonio, una medida adoptada para cubrir parte de la deuda de ambos con el Banco de Luxemburgo.
Según la información contenida en los autos judiciales, la embarcación figura a nombre del empresario a través de una sociedad interpuesta. El juzgado de Barcelona decretó el embargo preventivo del yate después de que las pesquisas determinaran que el bien formaba parte del patrimonio sujeto a responsabilidad civil tras la condena impuesta a Santacana por un delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible grave. En esta causa, tramitada a instancias del Banco de Luxemburgo, Santacana recibió una condena a tres años y tres meses de prisión, así como el pago de 6,6 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo de conformidad por el que Arantxa Sánchez Vicario evitó ingresar en prisión.

El superyate, identificado como RA, desapareció del Port Fórum de Barcelona tras hacerse pública la separación de la pareja, tal como señalaban fuentes próximas al caso. Posteriormente, fue localizado en el puerto de Roses, donde permanece bajo custodia judicial y con acceso exclusivo para los agentes designados por el juzgado. Ahora, se concoce que el embargo se ha visto complicado por la aparición de un tercer interesado, según revela Vanitatis.
Una persona, cuya identidad no se ha revelado, ha solicitado el levantamiento de la medida cautelar alegando haber comprado el yate a Santacana y reivindica la titularidad del bien. De acuerdo con la información de Vanitatis, se prevé que este nuevo frente procesal se resuelva en una vista fijada para el martes, 14 de octubre, en los juzgados de Barcelona. Los documentos judiciales recogen que la propiedad de la embarcación se estructura mediante una red societaria. La sociedad Blue Moon Marine Services LLC, formalmente titular del yate, aparece vinculada a Santacana, mientras que las acciones estarían a nombre de un testaferro, Jonathan Eckhard. De esta manera, el auto fechado el 8 de mayo de 2025 reconoce la existencia de una hipoteca sobre el bien, suscrita a favor de la sociedad All Reserve LLC, igualmente conectada con Santacana.
Ante la complejidad del entramado patrimonial, la magistrada ha ordenado garantizar de forma preventiva el embargo y el precinto del yate para evitar su desplazamiento hasta que se resuelva la situación de fondo. La defensa de Sánchez Vicario, liderada por el abogado Borja Vives Iborra, insiste en que la localización y embargo del superyate ejemplifican la estrategia de desvío de patrimonio que atribuyen a Santacana. Sostienen que todo el procedimiento busca evitar el pago de la deuda pendiente con el Banco de Luxemburgo, argumento que también emplean en el proceso de divorcio abierto en Miami. Según afirman, el propósito de la deportista siempre ha sido llegar a un acuerdo para hacer frente a las obligaciones económicas y mantener la transparencia de sus operaciones.
Un divorcio en trámite
A día de hoy, el divorcio entre Sánchez Vicario y Santacana aún se tramita en la corte del condado de Miami-Dade. A pesar de que Santacana ha iniciado una nueva relación sentimental, el procedimiento legal que formalice el final del matrimonio sigue sin cerrarse debido a la falta de acuerdo entre las partes, especialmente respecto a la gestión del patrimonio y el reparto de bienes. En Estados Unidos, la defensa de Sánchez Vicario espera que la justicia obligue a Santacana a declarar sus activos y a clarificar el destino de la fortuna que la extenista atribuye como sustraída.
El superyate RA, con sus 25 metros de eslora y construido en 1989, implica una inversión de cerca de un millón de euros. A pesar de su antigüedad, el valor se ha incrementado tras las remodelaciones. Este bien se ha convertido en uno de los ejes del proceso judicial por su relevancia económica y simbólica para las partes.
La cita del próximo martes en Barcelona podría marcar un punto de inflexión en la pugna por la embarcación, mientras la extenista permanece en la ciudad, tras haber participado días atrás en un acto conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Sídney. El caso permanece abierto en dos jurisdicciones y suma nuevas ramificaciones, tanto económicas como personales, para los protagonistas.
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