
La Comunidad de Madrid tiene desde 1998 un programa de detección precoz del cáncer de mama, similar al que tiene Andalucía. Bautizado como ‘Deprecam’, en un principio las pruebas diagnósticas fueron asumidas por clínicas privadas, sin coste para el paciente. Paga la Administración. Llegaron a ser 27 centros. Se empezó haciendo mamografías preventivas a mujeres de entre 50 y 64 años, pero en el año 2006 se amplió hasta los 69 años. Esta misma semana, la Consejería de Sanidad del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el programa ampliará el margen de mujeres beneficiarias desde los 45 hasta los 74 años.
En 2013 hubo problemas. La Comunidad de Madrid tuvo congelado el programa durante al menos siete meses, entre febrero y septiembre de ese año, lo que provocó que no se realizaran mamografías preventivas a unas 30.000 mujeres. Según explicó entonces la Consejería de Sanidad, el parón se debió a un “retraso” en el nuevo contrato que se negociaba con las clínicas privadas que hacían estas pruebas, y que hasta entonces cobraban entre 20,5 y 30 euros en función de la complejidad de la mamografía. La polémica llegó incluso al Congreso. El PSOE pidió a la ministra de Sanidad, Ana Mato, una investigación. “No hagamos demagogia”, respondió Mato.
En octubre de 2019, con Ayuso recién llegada al poder, la presidenta popular anunció que parte del programa se ofrecería en los hospitales públicos después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconociera el retraso en los primeros nueve meses de este año en las citaciones. Este retraso se había debido, otra vez, a la puesta en marcha del nuevo contrato con las clínicas privadas. Ayuso apostó entonces por un sistema mixto: las mamografías empezarían a ser asumidas por los hospitales públicos de la red, en colaboración con centros privados. Hasta entonces (1998-2018), el programa había costado 42 millones de euros a las arcas públicas.

Mientras los hospitales públicos trabajaban para asumir todas las mamografías, el Ejecutivo de Ayuso (como sus predecesores en el cargo) firmó contratos-puente con siete clínicas privadas para que se hicieran cargo de parte del trabajo. Se trata de Grupo Analiza (que también está en Andalucía), Hospital Moncloa, Centro Médico Maestranza - Paloma, Clínica Magnetosur Getafe, Ficeme, Resona y Gerosalud. El último de estos contratos se firmó a finales de 2021, que con las respectivas prórrogas terminó en mayo de 2023. Los precios se mantuvieron, entre 20 y 24 euros por prueba. Desde entonces, “la actividad pendiente de evaluaciones y estudios precoces fueron completadas en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”, explica la última memoria del SERMAS, del año 2023.
Bajo índice de participación
¿Por qué se ‘desprivatizó’ el servicio?, pregunta Infobae España. “Porque está mandatado que lo haga la sanidad pública. No hay otra valoración”, responde un portavoz de Sanidad. Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz de temas sanitarios, da una posible explicación. “Este programa lleva años sumido en la más absoluta incapacidad porque los diferentes Gobiernos del PP lo entregaron casi en su totalidad a clínicas privadas. De hecho, el índice de participación, según la propia Consejería de Sanidad, llevaba años con porcentajes muy malos”, explica la parlamentaria.

Veamos las cifras. Los últimos datos oficiales que ofrecen varios documentos de Sanidad (la memoria del SERMAS y el Observatorio de Resultados de la Consejería) revelan que en los años 2019 y 2020, los dos primeros de Ayuso en el poder, las mamografías preventivas bajaron mucho respecto a 2018. De las 131.914 de ese año pasaron a 79.287 en 2019 y 81.411 en 2020 (año de pandemia). En 2021 las pruebas pegaron un fuerte empujón (ver gráfico), gracias a la incorporación a este programa de la casi totalidad de los hospitales públicos de la región. Cifras que se mantuvieron en 2022 y 2023, para volver a bajar en 2024 hasta las 189.000. Como las clínicas privadas dejaron de colaborar en 2023, la reducción se notó en 2024. Pequeña, de apenas el 3%.
Pero ahora analicemos el porcentaje de mujeres que realmente han hecho la prueba tras ser citadas porque les correspondía. El mejor año fue 2019, antes de la pandemia, con un 61%. Luego bajó al 30% en 2020 (lógico por ser año de la pandemia), para mantenerse entre un 50 y un 56% en los años siguientes. No hay datos de 2024. “Para no perder la esencia del PP, han tenido que hacer ingeniería de datos porque esa participación la han calculado con base en el total de mujeres citadas, y no del total de mujeres que integran la población diana. Considerando el número de citaciones realizadas, el programa evidencia que no es efectivo. Por mucho que desprivatices parte del servicio, si no aumentas los efectivos de los servicios de radiología, la absorción de citas es lenta”, señala Carmona.
Analizando los datos por hospitales, hay otros llamativos. Los hospitales de gestión directamente pública hicieron en 2024 un 8% menos de mamografías preventivas respecto a 2022, cuando estaban colaborando las clínicas privadas. Solo han mejorado los datos los cuatro hospitales del Grupo Quirón incluidos en la red pública, pero que cobran por estas pruebas. Se trata de la Fundación Jiménez Díaz, el Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el de Villalba. Pasaron de 26.091 pruebas en 2022 a 29.958 en 2024 (un 15% más). También mejoró sus cifras el otro centro concesionado, el de Torrejón (que pertenece a Ribera Salud). Pasó de 4.356 mamografías a 5.622 (un 29% más).
“Ayuso pone su prioridad, el pelotazo, por encima de todo, también de las mujeres que son ciudadanas de segunda para ella. Anunció a bombo y platillo que volvía a hacer pública la gestión de las mamografías de cribado del cáncer de mama, pero está siendo un pedazo de negocio para sus amigos de Quirón, mientras en nada mejora la situación para las madrileñas. Por eso le reclamaremos a la Consejera explicaciones inmediatas”, señala la diputada Lorena Morales, del PSOE.
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