
El Juzgado de Primera Instancia de Beersheba, en el sur de Israel, ha decidido este miércoles prolongar tres días más la detención de Reyes Rigo Cervilla, la única ciudadana española que continúa encarcelada en el país tras la interceptación de la llamada Global Sumud Flotilla. La activista, de 56 años y natural de Mallorca, está siendo investigada por un presunto ataque a una funcionaria de la prisión de Ketziot, a quien habría mordido el pasado domingo durante un examen médico.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este miércoles en el Congreso de los Diputados de que el cónsul español en Tel Aviv ya se ha reunido con la ciudadana española Reyes Rigo. El titular de Exteriores ha confirmado además que la detención de la activista mallorquina en Israel se ha prorrogado tres días más, y que continúa bajo custodia a la espera de una nueva audiencia judicial.
Según la información publicada por el diario israelí Haaretz, el incidente del mordisco motivó que las autoridades israelíes separasen a Rigo del proceso de deportación que han seguido el resto de sus compañeros de la Flotilla. El Gobierno israelí sostiene que la activista mordió a una funcionaria de prisiones en la mano izquierda, provocándole lesiones leves que requirieron atención médica. Sin embargo, durante la audiencia celebrada este miércoles, Rigo ha negado tajantemente esa acusación y ha ofrecido una versión completamente distinta de lo sucedido.
Su abogado, perteneciente a la organización de derechos humanos Adalah, ha asegurado ante el tribunal que la activista intervino únicamente para proteger a una compañera cuando los guardias “la estaban atacando”. En el mismo acto judicial, el letrado solicitó a la Policía israelí las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal para verificar los hechos, pero el agente que representaba al cuerpo admitió que esas imágenes “no existen o no han sido examinadas”.
La única española aún detenida
Rigo forma parte de los seis activistas de la Flotilla Global Sumud que todavía permanecen retenidos en Israel. Además de ella, continúan encarcelados tres ciudadanos noruegos y dos marroquíes. El resto de los más de 460 tripulantes —entre los que se encontraban 48 españoles— ya han sido repatriados a sus países de origen durante los últimos días.
La Flotilla, integrada por embarcaciones civiles, zarpó hace más de una mes con destino a Gaza con el propósito de entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, fue interceptada en aguas internacionales por la Marina israelí, que justificó la operación en base a la prohibición de acceso a la Franja impuesta por Tel Aviv desde 2007. Tras su detención, los activistas denunciaron malos tratos, insultos, torturas psicológicas y vejaciones durante su custodia.
A su llegada a España, varios de los repatriados han relatado ante los medios que fueron amenazados con armas, privados de agua y comida, e incluso intimidados con perros policiales. “Nos mantuvieron atados durante horas, nos gritaban y nos impedían dormir”, denunció uno de ellos en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, donde representantes de Podemos y organizaciones pro-palestinas exigieron la liberación inmediata de Reyes Rigo.

Testimonios de violencia y denuncias de torturas
Sofía Buchón, una de las integrantes españolas de la Flotilla, ha rechazado públicamente la versión israelí que acusa a Rigo de ataque. “Nadie presenció esa supuesta agresión”, ha afirmado, señalando que, por el contrario, “muchos testigos presenciaron una escalada de violencia ejercida por los cuerpos de seguridad” del Gobierno israelí y pidió al Ejecutivo español “una respuesta diplomática contundente ante una detención arbitraria”.
En la misma línea, Alejandra Martínez, militante de Podemos y participante en la expedición, ha relatado que el incidente se produjo en un contexto de “privación extrema de sueño” y tensión creciente. Según su testimonio, Rigo se habría interpuesto entre los guardias y una compañera danesa a la que estaban reduciendo violentamente. “Las arrastraron del pelo para encerrarlas y luego desplegaron un dispositivo antidisturbios con más de veinte agentes armados y un perro. Esa fue la última vez que vimos a Reyes”, ha declarado Martínez.
Lucía Muñoz, concejal de Podemos en Palma y también miembro de la Flotilla, ha calificado los hechos como “una muestra de la violencia del Estado israelí” y ha denunciado la “campaña de desinformación” que, a su juicio, pretende desacreditar a la activista. “Nos negamos a abandonar las celdas hasta saber qué había ocurrido con ella. Nos sacaron por la fuerza, nos maniataron con bridas y nos arrastraron hasta el autobús para deportarnos”, ha asegurado.
Otros activistas han descrito condiciones de detención que califican de “vejatorias y humillantes”. Simón Vidal, también participante en la Flotilla, ha denunciado que fueron obligados a permanecer durante horas en el suelo, con las manos atadas y la cabeza agachada. “Nos gritaban ‘terroristas’ mientras nos impedían movernos. Las mujeres no tenían acceso a productos de higiene, y algunos fuimos cubiertos con telas que recordaban a los uniformes de los campos de concentración”, ha afirmado.
Un futuro incierto para la activista mallorquina
El futuro judicial de Reyes Rigo continúa siendo incierto. Según el artículo 381 de la Ley Penal israelí, la agresión a un funcionario público puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, su defensa sostiene que el caso presenta irregularidades evidentes, comenzando por la falta de pruebas audiovisuales y el contexto de detención en aguas internacionales, lo que podría situar la causa en un “limbo legal”.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha confirmado que Rigo cuenta con asistencia consular, aunque no se ha detallado ninguna acción diplomática concreta más allá del seguimiento de su caso. Fuentes del entorno de la activista confían en que sea liberada en las próximas horas y posteriormente deportada, pero no descartan que el proceso se prolongue debido a la apertura de la investigación por presunta agresión.
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