El Supremo abre una nueva causa a Alvise Pérez por delito de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de ‘Se Acabó la Fiesta’

Ya van cuatro. El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa contra el eurodiputado de ‘Se Acabó la Fiesta’ Luis ‘Alvise’ Pérez, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su grupo, Diego Adrián Solier (Valencia, 1980) y Nora Junco (Madrid, 1975), que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024. En diciembre del año pasado ambos rompieron sus conexiones con la agrupación de ultraderecha y se sumaron al grupo de la italiana Giorgia Meloni, Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo, por los problemas de Pérez con la justicia.

La Sala Segunda del Supremo, cuyo instructor será el expresidente de la Sala Penal Manuel Marchena, ha admitido a trámite la querella presentada por Solier y Junco, quienes acusan a Pérez de emprender una campaña de hostigamiento contra ellos, tanto en medios públicos como a través de su canal de Telegram, con más de 650.000 seguidores. Según el auto, dictado el pasado 3 de octubre y al que ha tenido acceso Infobae España, concurren indicios suficientes de la comisión de delitos de acoso (artículo 172 ter del Código Penal) y revelación de secretos (artículo 197), al hacerse públicos datos personales y privados de ambos parlamentarios.

El origen de la querella se remonta a abril de 2025, cuando Pérez intervino en el pódcast Eclécticos Worldwide y sugirió que algunos de sus compañeros de lista podrían haberse dejado “comprar” por lobbies armamentísticos. En esa intervención, llegó a afirmar: “si en esa lista electoral hay tres que dicen: pues vendo el culo y ya está… si tú nos fallas, vamos a por ti. Te apisonaremos la cabeza e iremos a por ti”, en referencia a los eurodiputados que no seguían la línea política marcada por él.

Tres días después, el 23 de abril, Pérez utilizó su canal de Telegram para señalar directamente a Solier, publicando fotografías suyas, sus cuentas en redes sociales y la dirección de correo del Parlamento Europeo. “Vamos a usar a Diego Solier como ejemplo de que le ocurre a la gente que sin ser votado por nadie se aprovecha de un acta para traicionar al votante”, escribió, para incluir imágenes suyas, sus cuentas de Instagram y X, y la dirección de su cuenta de correo electrónico en el Parlamento Europeo.

Además, al día siguiente, el 24 de abril, Alvise volvió a hacer referencia a él en la misma aplicación de mensajería. “Ha cerrado sus redes sociales tras filtrarse que se reunió en secreto con un alto cargo del P.P. antes de la traición a los 800.000 votantes de S.A.L.F. y a Alvisse Pérez y recibir una oleada nacional masiva de críticas por aferrarse al acta europea”, e hizo un llamamiento a “recabar toda la información posible” sobre Solier y mandársela al líder ultra a través de un correo que facilitó.

Junco también fue objeto de ataques similares. El 4 de junio, Pérez publicó imágenes tomadas sin su consentimiento durante un vuelo oficial, junto con su billete de avión. En el mensaje difundido, Alvise se dirigió a ella como “eurodiputada tránsfuga” —por su ruptura con SALF— y añadió declaraciones como esta: “La eurodiputada, que tiene cerrados los comentarios en sus redes sociales, ha afirmado recientemente que Alvise es ‘un peligro para España’ porque ‘es antisistema de verdad, está loco’ y afirmó que, de haber sabido que no era algo meramente electoral, quizá no habría ido en la agrupación S.A.L.F. No obstante, se niega a dimitir".

El auto señala que estas publicaciones se acompañaban de fotografías y un mensaje en el que llamaba a sus seguidores a hostigarla. Junco, al igual que Solier, vieron filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, lo que, según el auto, “habrían venido recibiendo una ingente cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes”, que les habría obligado a “soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas, cerrando algunas de sus redes sociales y limitando a terceros la posibilidad de comentarios en las que conservan, así como también se verían obligados a no atender ninguna llamada telefónica procedente de número desconocido lo que obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar, llegando, incluso, doña Nora a tener que cambiar su número telefónico", se señala.

El Supremo recuerda en su resolución que el delito de acoso, tipificado en el artículo 172 ter, no exige ya una alteración “grave” de la vida cotidiana de la víctima, sino que basta con que se perturbe su normal desarrollo. También aprecia indicios de revelación de secretos, al haberse hecho públicos datos privados sin autorización de los afectados.

Esta es el cuarto frente judicial abierto contra Pérez, tras acumular varias condenas por difundir bulos contra políticos como Manuela Carmena y José Luis Ábalos o el falso informe médico que atribuía un positivo en Covid al actual president de la Generalitat Salvador Illa, además de otra causa penal por presunto acoso e injurias a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La causa más grave es la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario de criptomonedas para la financiación de su partido.