La DANA de Valencia costó un 0,65% del PIB y si hubiera sido en Barcelona sería devastadora para el empleo: los desastres naturales ya lastran la economía

La DANA que golpeó a Valencia en octubre de 2024 no solo dejó 232 víctimas mortales, sino que también supuso un coste equivalente al 0,65% del PIB español y una pérdida acumulada de 1,4 puntos porcentuales de empleo en la provincia, según el último estudio publicado por BBVA Research, que ha puesto cifras al impacto económico de los fenómenos meteorológicos extremos en España. El informe advierte, además, que un episodio idéntico en Barcelona habría tenido un efecto mucho más severo sobre el mercado laboral nacional.

El informe, titulado El impacto de los eventos climáticos extremos: evidencia de las inundaciones en Valencia y firmado por los economistas Camilo Ulloa, Agustín García y Joxe Mari Barrutiabengoa, sitúa la DANA de 2024 en el percentil 100 de severidad a nivel nacional. Se trata, en palabras del estudio, de uno de los eventos de inundación más extremos en España en las últimas décadas.

Las estimaciones iniciales de BBVA Research proyectaban unas pérdidas económicas de entre el 0,55% y el 1,71% del PIB, según la severidad asumida. Una vez publicadas las cifras oficiales por la base internacional EM-DAT, se confirmó que el coste fue del 0,65% del PIB, en línea con la proyección más baja. En términos macroeconómicos, el Gobierno movilizó recursos de emergencia equivalentes a un 1,1% del PIB, lo que refleja la magnitud del desastre más allá de los daños directos.

El mercado laboral sufrió un impacto inmediato: el empleo cayó 1,4 puntos porcentuales en Valencia y un 0,2% en el conjunto del país. Los efectos no se limitaron al territorio directamente afectado. Según el estudio, la mitad de la pérdida nacional se explicó por el golpe directo a la provincia y la otra mitad por efectos indirectos transmitidos a través de los vínculos comerciales interregionales.

Los economistas plantean un ejercicio contrafactual revelador: ¿qué habría pasado si la DANA con idéntico nivel de daños económicos hubiera afectado a la provincia de Barcelona en lugar de a Valencia?

La conclusión es que el PIB nacional se habría resentido en la misma proporción (0,65%), dado que la hipótesis de partida mantiene constantes las pérdidas relativas. Sin embargo, las consecuencias en el empleo serían mucho más graves: la caída nacional habría alcanzado un 0,3%, casi un 50% más que en el caso real.

La explicación reside en la mayor centralidad económica de Barcelona y en su red de vínculos comerciales con el resto de España. Estos factores hacen que un shock localizado en la provincia tenga una capacidad amplificadora sobre el mercado laboral mucho mayor que el registrado en Valencia.

“Magnitudes de daño idénticas pueden producir efectos muy diferentes en el mercado laboral dependiendo de dónde ocurra el evento”, subrayan los autores. Esta asimetría pone de manifiesto que el riesgo climático no se distribuye de manera uniforme, y que el lugar del impacto es tan importante como su severidad.

El estudio también analiza la fase de recuperación tras el desastre. La afiliación a la Seguridad Social se desplomó en noviembre, pero ya en diciembre comenzó a repuntar y para marzo de 2025 había superado la trayectoria previa al evento.

La clave estuvo en la asistencia financiera post-desastre. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) cubrió entre el 60% y el 80% de los daños, con desembolsos rápidos y superiores a episodios similares anteriores. Según el informe, esta ayuda no solo estabilizó el empleo, sino que actuó como estímulo adicional, impulsando temporalmente la creación de puestos de trabajo ligados a la reconstrucción.

El informe estima que el multiplicador fiscal de la ayuda sobre el empleo es 2,5 veces mayor que el de los daños. En la práctica, compensar apenas el 40% de las pérdidas sería suficiente para devolver el empleo provincial a su tendencia previa, incluso aunque el stock de capital destruido tardase más en recuperarse.

El caso de Valencia ilustra dos mensajes de alcance nacional. Por un lado, los eventos climáticos extremos ya tienen un impacto directo y cuantificable en la economía española, medido en el PIB y el empleo. Por otro, la exposición geográfica resulta determinante: un mismo desastre puede tener consecuencias mucho más amplias si golpea a regiones con mayor peso económico e interconexiones comerciales.

El informe concluye con un recordatorio: la recuperación laboral en Valencia no debe confundirse con una recuperación plena del capital productivo destruido. Reconstruir los activos perdidos requiere mantener la actividad por encima de la tendencia durante un periodo prolongado. El cambio climático, advierten, no solo es un desafío ambiental, sino también un factor estructural de riesgo económico para España.