La violencia sexual contra la infancia continúa siendo “una problemática grave y persistente” en España. Así lo constata el último informe de Save the Children, basado en el análisis de 345 sentencias judiciales dictadas entre 2023 y 2024.
La organización advierte de que, pese a los recientes avances legislativos, el sistema judicial no garantiza una protección efectiva y especializada para los menores de víctimas de abuso sexual.
Una violencia masiva, pero oculta
“Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual. A pesar de ello, sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o una niña fuese abusado en nuestro entorno no daríamos cuenta”, recoge Save the Children.
La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes (82,9%), y la edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años. El 98% de los agresores son hombres y ocho de cada diez pertenecen al entorno cercano de la víctima, predominando el familiar.
Un proceso judicial interminable y revictiminizante
El recorrido por los juzgados al que se enfrenta un menor supone, en muchos casos, una segunda forma de violencia. “Los datos muestran que aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años”, señala el informe.
No obstante, el 40,9% de los procesos judiciales se prolongan más allá del tercer año y un “12,1% todavía duran más de cinco años”, denuncia la organización.
El interés superior del menor, ausente en los tribunales
Asimismo, Save the Children alerta de un déficit estructural. La justicia española aún no aplica un enfoque basado en los derechos de la infancia. “Únicamente 4 de las 345 sentencias revisadas hacen referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es un 0,012%”, subraya el informe.
Por otro lado, en ninguna de las sentencias se encontraron menciones al interés superior del niño por parte de los jueces o las jueces. Una ausencia que, según la organización, “agrava la vulnerabilidad de las víctimas y aumenta el riesgo de revictimización”.
Avances legislativos... pero insuficientes
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y del Real-Decreto 422/2025 ha supuesto la creación de las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga. Sin embargo, su alcance es limitado.
“Tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio”, advierte la ONG.
Además, el Real Decreto no prevé la creación de fiscalías especializadas ni de equipos técnicos multidisciplinares, tal y como exige la LOPIVI.
Barnaaus: el modelo que demuestra que otra justicia es posible
Frente a las carencias actuales, el informe señala un camino para hacer frente a estas carencias: el modelo Barnahus, implantado en Cataluña y otras comunidades.
Este modelo se trata de un enfoque de atención integral que reúne en un mismo espacio a profesionales judiciales, sanitarios y sociales para reducir la exposición de la víctima.
Los resultados, según el estudio, consiguen reducir la duración del proceso judicial, “pasando de una media de 2,98 años antes de la Barnahus a 1,27 años después”.
La tasa de condenas es más elevada en el territorio de Tarragona que en los territorios en los que no hay una Barnahus (84,5% frente a 65,9%). “Mejora la experiencia de la víctima, con menos entrevistas repetidas y mayor apoyo especializado”, añade.
Un mensaje inequívoco con la infancia
España ha dado pasos importantes, pero la protección real todavía no llega para la mayoría de las víctimas. Sin una justicia especializada, rápida y centrada en el interés superior del menor, la legislación seguirá siendo insuficiente.
“Es imprescindible reforzar el modelo y partir de un mayor número de secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia desde su implementación, para que la promesa de una justicia especializada sea una realidad para todos y todas, independientemente del territorio en el que vivían”, resume Save the Children.
Hasta entonces, la justicia seguirá llegando tarde para miles de niños y niñas en España.
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