¿Quiénes juzgarán al fiscal general? Los 7 magistrados que dictaminarán si existió revelación de secretos en el caso por fraude del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha designado formalmente este jueves la Sala de magistrados que van a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo sobre el caso por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En total son siete jueces, cuatro hombres y tres mujeres, que tendrán que decidir sobre el futuro del representante del Ministerio Público en un juicio que todavía no tiene fecha de inicio. La Sala estará presidida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, acompañada de la magistrada Susana Polo, que será la ponente de la futura sentencia.

Integrarán también este tribunal los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Ana María Ferrer.

Andrés Martínez Arrieta, nacido en Logroño en 1955, es uno de los magistrados más veteranos del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1979 y pronto ocupó puestos de relevancia, como vocal del Consejo General del Poder Judicial con apenas 25 años. Tras pasar por distintos juzgados en Madrid y la Audiencia Provincial, en 1998 se convirtió en el magistrado más joven en acceder a la Sala Segunda del Supremo, donde ha desempeñado una trayectoria llena de casos de gran repercusión, como el caso contra los 18 líderes del procés, incluidos Oriol Junqueras y Carme Forcadell, tras la salida de Manuel Marchena.

En 2025 fue nombrado presidente de esta Sala de lo Penal, la de mayor peso político y mediático del tribunal. Aunque siempre se ha caracterizado por la discreción y la templanza, su pertenencia a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria lo ha situado en un perfil de centro moderado, alejado tanto de posiciones conservadoras duras como de un progresismo militante.

Susana Polo García es una magistrada especializada en Derecho Penal y reconocida por su labor en casos de violencia de género. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y, tras ascender a magistrada en 1988, desempeñó funciones en diversos juzgados de Madrid, Alicante y Barcelona.

En 2004, fue designada presidenta de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde destacó por su compromiso con la formación en género e igualdad. En septiembre de 2018, fue nombrada magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo, siendo la tercera mujer en formar parte de la Sala de Gobierno del alto tribunal en sus más de 200 años de historia.

Entre los casos más relevantes en los que ha participado se encuentran el juicio a los miembros de ‘La Manada’ por agresión sexual durante las fiestas de San Fermín de 2016, y el archivo del ‘caso Tsunami’ contra Carles Puigdemont, debido a irregularidades procesales.

Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, nacido en Valladolid en 1959, ingresó en la Escuela Judicial en 1979 y comenzó su carrera judicial en 1980 como juez de Primera Instancia e Instrucción en Aguilar de la Frontera (Córdoba).

A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos destinos, incluyendo Vitoria, Ciudad Real y Córdoba capital. En 1983, ascendió a magistrado y fue nombrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Córdoba. Desde 1988, ha sido magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba y no fue hasta julio de 2004 que fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, en sustitución de Cándido Conde Pumpido, quien fue designado fiscal general del Estado. Su nombramiento fue respaldado por una mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En 1999, fue el ponente en un caso de violencia doméstica con violación dentro del matrimonio, estableciendo una tendencia jurídica que posteriormente fue reforzada por la Ley Integral contra la Violencia de Género promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2018, formó parte del tribunal que juzgó a los miembros de ‘La Manada’ por agresión sexual durante las fiestas de San Fermín de 2016.

Carmen Lamela Díaz, nacida en 1961, ha desempeñado su carrera en diversos juzgados, incluyendo Orihuela, Manzanares, Badalona y la Audiencia Provincial de Barcelona. En 1997, se trasladó a Madrid, donde trabajó en la Audiencia Provincial y, en 2013, fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En julio de 2018, fue designada magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial. Desde febrero de 2025, también es vocal de la Junta Electoral Central.

En 2017, fue la primera jueza en ordenar la prisión de los líderes del ‘procés’ catalán, incluyendo al exconsejero Joaquim Forn y al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Esta decisión marcó un hito en la respuesta judicial al desafío independentista en Cataluña. En 2018, fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, y en 2025, asumió el cargo de vocal de la Junta Electoral Central.

Antonio del Moral García, nacido en 1959, obtuvo el título de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la carrera fiscal en 1983, siendo número uno de su promoción, y desempeñó funciones en diversos destinos, incluyendo Ciudad Real, Madrid y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En 2012, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia.

En 2018, formó parte del tribunal que juzgó a los miembros de ‘La Manada’ por agresión sexual durante las fiestas de San Fermín de 2016. Además, ha sido presidente de la Comisión de Ética Judicial, cargo que asumió por unanimidad en 2022 y es de las pocas representaciones progresistas dentro de la Sala que juzga a García Ortiz.

Ana María Ferrer García, nacida en Madrid en 1959, es una magistrada de perfil progresista que ingresó en la carrera judicial en 1984 y ha desempeñado funciones en diversos juzgados, incluyendo Linares, Aranjuez, Leganés y Madrid. En 1996, fue nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y, en 2008, asumió la presidencia de dicho órgano. En abril de 2014, fue designada magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una plaza en esta sala.

A lo largo de su carrera, Ferrer ha participado en casos judiciales de gran relevancia, como el juicio del ‘procés’ en 2019, donde formó parte del tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes. En 2024, emitió un voto particular discrepante con sus compañeros de sala al considerar que el delito de malversación cometido en el contexto del referéndum ilegal del 1 de octubre debía estar incluido en la amnistía aprobada por el Gobierno.

Su postura fue respaldada por la Fiscalía y ha sido vista como un fundamento para los recursos presentados por los procesados ante el Tribunal Constitucional. En 2025, Ferrer retiró su candidatura para presidir la Sala Penal del Supremo, facilitando el camino para que el candidato conservador Andrés Martínez Arrieta obtuviera el apoyo necesario del Consejo General del Poder Judicial.

Manuel Marchena Gómez (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es uno de los magistrados más influyentes y mediáticos del Tribunal Supremo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna, inició su carrera judicial en 1985, optando por la carrera fiscal. Tras desempeñar funciones en diversas instancias judiciales, fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo en 2004 y, en 2007, accedió a la magistratura del mismo tribunal. En 2014, asumió la presidencia de la Sala de lo Penal, cargo que ocupó hasta diciembre de 2024.

A lo largo de su carrera, Marchena ha estado al frente de casos judiciales de gran relevancia. En 2019, presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La sentencia condenó a nueve de ellos a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos.

En el mismo año, también participó en el juicio del caso ‘La Manada’, donde se revisaron las condenas por abusos sexuales a una joven en Pozoblanco. Este año, ha formado parte del tribunal que evaluó la petición de revisión de condena de Rosa Peral, expolicía condenada por el asesinato de su pareja en 2017. Además, en 2025 y ha publicado el libro La justicia amenazada, en el que aborda las amenazas al sistema judicial español, incluyendo la politización de la justicia y la crisis del Consejo General del Poder Judicial.

Y es que en cuanto a su perfil ideológico, Marchena es considerado parte del sector conservador del tribunal, habiendo sido propuesto por el PP para presidir el CGPJ en 2018, aunque rechazó la candidatura por motivos de “dignidad”.