Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Cuando se produce una ruptura matrimonial, las dudas sobre el destino de la vivienda familiar suelen ser de las principales preocupaciones de los afectados. La legislación española prevé diversas situaciones para proteger a los integrantes más vulnerables del núcleo familiar tras una separación o divorcio. El uso de la vivienda familiar atribuido tras el divorcio no es un derecho indefinido, tal y como ha advertido el abogado especializado en propiedad horizontal, Natalio Valenzuela, desde su perfil en la red social TikTok, donde responde consultas civiles y de comunidades de propietarios.

Las expectativas generales que existen sobre el régimen de la vivienda familiar después del divorcio suelen inclinarse hacia la permanencia del uso para el progenitor custodio durante el tiempo que los hijos permanezcan bajo su cuidado. Sin embargo, Natalio Valenzuela puntualiza que muchas parejas creen erróneamente que este derecho tiene la misma duración que la pensión alimenticia. “Muchas parejas creen que, igual que la pensión de alimentos, ese derecho se mantiene hasta que los hijos logran independencia económica. Pero no es así”, aclara el letrado en una de sus publicaciones.

La legislación que regula estos casos aparece tipificada en el artículo 96 del Código Civil. El experto subraya que este artículo establece que el uso de la vivienda familiar atribuido al progenitor custodio deja de estar vigente de manera automática cuando todos los hijos cumplen la mayoría de edad. Las sucesivas interpretaciones judiciales han ratificado este criterio, enfatizando la naturaleza transitoria de la medida, concebida como protección del interés superior de los menores.

“La ley lo deja bien claro: cuando todos los hijos cumplen la mayoría de edad, el uso exclusivo de la vivienda por el progenitor custodio se extingue automáticamente”, expone directamente Natalio Valenzuela. La extinción de este derecho genera automáticamente una serie de consecuencias para los copropietarios del inmueble. El abogado lo explica con claridad: “Si el otro progenitor lo pide, hay que poner fin a la copropiedad, o uno compra la parte del otro, o se vende y se reparten el dinero”.

En ese escenario, los ex cónyuges pueden optar por diferentes alternativas: llegar a un acuerdo de adquisición de la parte proporcional del inmueble, venderlo a un tercero o proceder a la división judicial de la cosa común. Estas disposiciones buscan ofrecer un marco de seguridad jurídica y una solución definitiva para ambas partes.

A juicio de Natalio Valenzuela, situaciones cotidianas como esta generan una elevada litigiosidad en los tribunales. De hecho, el experto advierte: “¿Sabías que el derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre?” Con esta pregunta, el letrado resume la confusión habitual que se observa no solo entre la población general, sino también entre algunos operadores jurídicos que no actualizan su conocimiento a partir de las reformas legales y la interpretación de los jueces.

La tarea de adecuar la vivienda familiar a la nueva realidad tras el divorcio, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, corresponde a ambas partes. Los tribunales acostumbran a instar la venta o la adjudicación a uno de los copropietarios. El ordenamiento jurídico prioriza la salida pactada, aunque habilita mecanismos para resolver la confrontación cuando no hay acuerdo, como la división de la cosa común.

De este modo, la legislación busca un equilibrio entre la protección familiar y la necesidad de garantizar el derecho de ambos ex cónyuges sobre la propiedad. Las preguntas recurrentes en redes sociales, junto al volumen de procedimientos judiciales abiertos cada año sobre vivienda y divorcio, muestran la vigencia y alcance de este asunto en España.