España celebra una apertura judicial de alto voltaje con un fiscal general a un paso del banquillo: “Mina la credibilidad de la justicia”

El Tribunal Supremo acogerá este viernes la apertura del nuevo año judicial, que estará presidido por el rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero la presencia de este último ha provocado un cruce de declaraciones en el seno del ámbito judicial a favor y en contra de su participación. En el aire, la posibilidad de que jueces conservadores realicen algún gesto para protestar por esta situación.

Como poco, la jornada será inédita, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado acuda a este acto incurso en un procedimiento judicial. En concreto, Álvaro García Ortiz está a las puertas de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de las filtraciones vinculadas a la investigación fiscal sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El rechazo a su asistencia por parte de un sector de la judicatura fue verbalizado este mismo jueves, a las puertas del acto de apertura del año judicial. No obstante, otro sector también salió en defensa de la presencia de García Ortiz. De fondo, la Fiscalía General del Estado defendió la asistencia de su máximo responsable, al estar obligado por ley. Concretamente, el artículo 181 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que este debe presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado en el Acto de Apertura del año judicial.

Antes, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales pidieron a Álvaro García Ortiz que “se abstenga de asistir” este viernes al acto. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirmaron con rotundidad: “Sentar junto al rey y ante el poder judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando con toda probabilidad se abrirá juicio oral es un hecho insólito que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado”. Además, “mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”.

Tras este comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) quiso desmarcarse de las anteriores organizaciones y pidió no usar al rey para excluir a García Ortiz del año judicial. En palabras de su portavoz, Sergio Oliva, la AJFV “comparte la preocupación que puede generar en la ciudadanía” esta imagen. “Somos plenamente conscientes de que esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía”, agregó. Sin embargo, dejó claro que, “conforme a la legalidad vigente, el fiscal general sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne, y mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para ejercer sus funciones”.

Asimismo, los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidieron que Álvaro García Ortiz no asista al acto y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al rey. En un escrito dirigido a la presidenta del Poder Judicial, este sector exigió que Perelló “traslade al fiscal general del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias”.

En lo que respecta a Bolaños, los vocales conservadores, propuestos por el PP, llamaron a visibilizar su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo, evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional”.

En respuesta a esta petición, los nueve vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces, a excepción de Carlos Hugo Preciado, defendieron la “lealtad constitucional” y avalaron la presencia del fiscal general del Estado en dicho acto. En otro escrito, recordaron que el acto solemne se regula en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige la presencia del fiscal general del Estado. “La confianza en los pilares del Estado democrático de derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia”, destacaron.

Por otro lado, el Gobierno y el PP también han protagonizado un cruce de declaraciones a raíz del plante del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al fiscal general en la apertura del año judicial. Desde Génova afirmaron que el dirigente gallego, que asistirá al inicio del curso político del PP de Madrid en su lugar, no podía asistir “por un compromiso previamente adquirido”.

Este jueves, el propio Feijóo defendió esta decisión. “Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia”, escribió en un tuit. En este sentido, fuentes jurídicas subrayan que “no parece casual” que la APM, la asociación mayoritaria de jueces, emitiera un comunicado en contra de la presencia de García Ortiz después de que Feijóo justificara su ausencia.

Esta situación ha servido al Gobierno para cargar contra el líder de la oposición por algo que, en palabras de Bolaños, supone “una grave desconsideración al Rey, al TS, al FGE, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal al completo”. “Respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho”, agregó en un tuit. Asimismo, el ministro del Interior y también magistrado, Fernando Grande-Marlaska, criticó la “falta de institucionalidad” y avisó a Feijóo: “Si cree que puede presidir el Gobierno con este comportamiento tan carente de la institucionalidad precisa y necesaria, me parece preocupante”.