La demolición del Algarrobico, el hotel que acumula dos décadas de litigios, se puede alargar a 2026: Gobierno y Junta de Andalucía incumplen sus promesas

Ocupa una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el municipio almeriense de Carboneras, desde que en 2003 la promotora Azata del Sol comenzó a construirlo. Se trata del hotel El Algarrobico, un mamotreto de hormigón de más de 400 habitaciones que sigue en pie junto al mar pese a haber sido declarado ilegal por la justicia y aunque el Gobierno aseguró que su demolición comenzaría el pasado mes de julio. Y es que la complejidad administrativa y la sucesión de recursos han hecho que el proceso se prolongue de forma indefinida.

El pasado mes de junio el Gobierno rechazó el recurso de la promotora contra la expropiación del hotel, lo que consolidaba el proceso de expropiación de ese suelo, pero el inmueble aún permanece intacto. La Ley de Costas impide construir en los primeros 100 metros desde la línea de costa, al tratarse de dominio público, y El Algarrobico se levanta a solo 14 metros del mar.

“Como el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó las últimas alegaciones de la promotora, el proceso continúa. Ahora ambas partes deben pactar el justiprecio, es decir, la compensación económica por la expropiación, y si no logran un acuerdo, la valoración quedará en manos de un tribunal de expropiaciones, que tendrá que fijar la cantidad definitiva”, explica a Infobae España María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, organización que lleva dos décadas luchando para exigir la demolición del inmueble y la restauración de ese paraje natural. Esta fase podría provocar nuevos retrasos, advierte, de forma que, en el escenario más optimista, la situación “podría resolverse a finales de año, aunque es más probable que se retrase a 2026″.

Desde Greenpeace aclaran que el Gobierno central solo demolería la parte inferior del inmueble que infringe la Ley de Costas, ya que se levantó en una zona de dominio público marítimo-terrestre. La parte superior del hotel, situada en terreno protegido al formar parte del parque natural, depende de una actuación similar por parte de la Junta de Andalucía. “Sin un acuerdo entre administraciones o una decisión firme de la Junta sobre esa zona, el derribo completo se complica”, sostiene Caballero. Para la organización ecologista, El Algarrobico representa uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español.

Los gastos de la demolición del edificio, cifrados en algo más de siete millones de euros, se dividirían al 50% entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Mientras se materializa este proceso, el edificio de 21 plantas permanece cerrado y sin uso.

Cabe recordar que fue en el año 2006 cuando la justicia ordenó paralizar las obras del hotel ante denuncias de colectivos ecologistas y, en ese mismo año, el entonces presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, anunció su intención de demolerlo para restaurar el entorno.

En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)rechaza los recursos del Ayuntamiento de Carboneras y de la promotora Azata del Sol, confirmando así la suspensión provisional de las obras. Además, un juzgado de Almería anula la licencia de obras, al considerar que se concedió en contra de la normativa urbanística y medioambiental.

Tres años más tarde, en 2011, el Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por el Gobierno andaluz contra la suspensión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2008 en el área donde se localiza El Algarrobico. Una decisión con la que se mantiene la protección ambiental sobre la zona y se bloquea cualquier intento de legalizar el hotel.

En 2012, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras que vuelva a clasificar el paraje como suelo no urbanizable en su Plan General tras un recurso interpuesto por Greenpeace. En 2014 hubo sentencias contradictorias del TSJA sobre la calificación del suelo, si bien finalmente la Junta impide que se retomen las obras.

En 2016 el Tribunal Supremo determina que el hotel se levantó sobre suelos no urbanizables y que los terrenos pertenecen al Ejecutivo autonómico, mientras que en 2022 dictaminó que el inmueble no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

En 2023 y en 2024, Greenpeace pidió a la justicia que multara al alcalde de Carboneras con 700 euros cada 20 días hasta que cumpliera por completo la sentencia que declaraba el paraje como no urbanizable en el PGOU. Esta misma organización solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió investigar las presuntas irregularidades en las decisiones judiciales españolas en torno al hotel.

Finalmente, en febrero de 2025 el Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asienta el hotel con el objetivo de expropiarlos e iniciar la demolición del edificio para después restaurar el espacio.