Una abogada vende su casa para contratar a un sicario por 40.000 euros y matar a los amigos de su hijo como venganza

La historia de Marta Achim ha sacudido la opinión pública en Rumanía. Abogada de profesión, pero actualmente suspendida, decidió en 2024 vender un apartamento de su propiedad para reunir 40.000 euros. Con ese dinero contrató a un exmiembro de una red de narcotráfico con el objetivo de asesinar a tres jóvenes.

El detonante fue la muerte de Denis Petre, hijo de Marta Achim, de 25 años. El joven falleció el 25 de octubre de 2023 en un hospital de Grimsby, en Reino Unido, tras ser arrollado por un tren en un paso a nivel. La policía británica determinó que se trataba de un accidente, pero su madre nunca aceptó esa conclusión.

Convencida de que detrás había un complot, la abogada señaló directamente a la novia de su hijo, Patricia D., y a dos amigos cercanos, Florin V. y Augustin G. En su versión, los tres habían tramado el asesinato para apropiarse de criptomonedas que supuestamente pertenecían al fallecido.

Con esa idea en mente, Achim contactó con Bogdan Emanuel Paraschiv, un hombre con antecedentes por narcotráfico, y le ofreció 40.000 euros para “liquidar” a los tres jóvenes.

Los tres jóvenes que iban a ser objetivo de la operación han relatado que la ejecución no se llevó a cabo únicamente porque Paraschiv experimentó un cambio de conciencia. Según su versión, no fue Marta Achim quien rectificó, sino el sicario quien decidió no dar el paso definitivo, pese a haber comenzado a vigilar los movimientos de al menos una de las víctimas.

Lejos de retractarse, Achim incluso llegó a lanzar amenazas explícitas contra Patricia D., a la que, a través de una tercera persona, advirtió de que acabaría “junto a Denis” y que debía temer incluso un ataque con ácido.

En un inicio, la Fiscalía General rumana imputó a Achim un delito de instigación al asesinato, con penas que superaban los 10 años de prisión. Sin embargo, en noviembre de 2024, la acusación se modificó: ahora afronta cargos por intento de determinación de la comisión de un delito y por amenazas. Esto ha reducido el marco penal a entre 1 y 5 años de cárcel en el primer caso, y de 3 meses a 1 año en el segundo.

Gracias a esta recalificación, y al procedimiento simplificado que permite una reducción de un tercio de la condena si se reconocen los hechos, la abogada podría enfrentarse a una pena inferior a tres años, lo que abriría la puerta a una suspensión de la misma y, por tanto, a evitar la prisión.

En la vista celebrada el 25 de junio de 2025, el abogado de Achim solicitó la retirada de la medida de control judicial, alegando que su clienta ha cambiado de actitud: reconoce los hechos, los lamenta, sigue terapia psicológica y además padece graves problemas de salud tras una operación de prótesis de cadera.

El tribunal, sin embargo, rechazó la petición. Si bien flexibilizó algunas condiciones para que pueda continuar con su tratamiento médico, la Corte de Apelación de Bucarest decidió mantener la medida cautelar para garantizar el buen desarrollo del juicio y evitar que la acusada pudiera influir en testigos o reiterar conductas delictivas.

El cambio de calificación ha sido duramente criticado por la acusación particular, que representa a los jóvenes señalados como víctimas. Su abogado insiste en que el plan de asesinato estaba ya en marcha, con labores de vigilancia incluidas, y que el desistimiento del sicario fue ajeno a la voluntad de Achim.

La Fiscalía, por su parte, insiste en que la operación se encontraba en fase de “intento”, ya que no se había efectuado el pago ni comenzado la ejecución de los asesinatos.