Siete investigados por vertidos y quema de residuos en un vertedero ilegal de grandes dimensiones entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra

La Guardia Civil investiga a siete personas por vertidos y quema de residuos en zonas urbanas entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Esta zona se había convertido desde hace varios años en un vertedero ilegal de grandes dimensiones con quemas descontroladas que creaban grandes columnas de humo, con grave riesgo para la salud.

Estas personas han sido investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los guardias civiles comenzaron su investigación el año pasado tras detectar el aumento descontrolado de un vertedero ilegal en una zona degradada medioambientalmente.

Con el avance de las pesquisas, se descubrió que en las zonas afectadas existía una red de gestión de residuos al margen de los canales autorizados. El modus operandi consistía en que los investigados, a cambio de una contraprestación económica y actuando como particulares o en nombre de empresas, recogían distintos tipos de residuos de otros puntos transportándolos al lugar afectado.

Una vez allí, almacenaban los residuos sin control alguno, abandonándolos en el terreno. En otros casos, quemaban los residuos para liberar espacio o extraer materiales de valor como metales procedentes de componentes eléctricos o neumáticos usados con el objetivo de ampliar el beneficio económico.

“Esto generaba un elevado riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo y el agua, así como contaminación del aire a consecuencia de los gases nocivos derivados de la quema de materiales tóxicos o de la descomposición orgánica de los elementos. Todo ello creaba un impacto medioambiental y amenaza contra la salud pública de los vecinos”, según relatan desde la Guardia Civil.

Hasta el momento, hay siete personas investigadas, aunque no se descarta la identificación de más responsables en los próximos meses.

El Código Penal español recoge en sus artículos 325 y siguientes los denominados delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este tipo de ilícitos se producen cuando una persona, de forma intencionada o por una grave imprudencia, realiza vertidos, emisiones, radiaciones, extracciones o cualquier otra actividad que pueda dañar de manera significativa la calidad del aire, el suelo o las aguas, así como los ecosistemas en general.

Se consideran especialmente graves aquellos comportamientos que ponen en peligro la salud de las personas, la conservación de especies animales o vegetales y el equilibrio natural de un territorio. No se trata solo de sancionar el daño ya causado, sino de prevenir conductas que puedan generar riesgos irreversibles para el entorno o para la población.

Las penas por estos delitos pueden ir desde multas económicas muy elevadas hasta la prisión, especialmente si los hechos afectan a espacios naturales protegidos o si provocan un perjuicio generalizado para la salud pública. Además, la ley contempla la inhabilitación para quienes, en el marco de una actividad profesional o empresarial, cometen este tipo de prácticas ilegales.

En este caso concreto, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que los investigados podrían enfrentarse a sanciones penales y administrativas por haber desarrollado una gestión clandestina de residuos que habría derivado en un riesgo serio para el medio ambiente y para los vecinos de la zona.